Un peritaje sobre el presunto desvío de fondos públicos en el desdoblamiento de la carretera de Manacor -cuyos trabajos supusieron un presunto desvío de 23 millones de euros públicos- ha costado a las arcas del Consell de Mallorca un total de 64.200 euros, según la relación de facturas que han sido incorporadas al conocido como caso Peaje y a la que ha tenido acceso Europa Press.

Mediante un escrito presentado a la causa, la institución insular pone en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, encargado de las investigaciones, haber hecho frente, el pasado 14 de mayo, a la cantidad adeudada y que quedaba pendiente de pago en favor del ingeniero de caminos encargado de elaborar la pericial.

En concreto, el caso Peaje se inició a raíz de la denuncia que interpuso la Fiscalía contra 16 exaltos cargos del Consell y empresarios en marzo de 2009 a raíz del supuesto desfase que se habría producido sobre los 140 millones inicialmente presupuestados para el proyecto- Las pesquisas apuntan asimismo a la presunta utilización a nivel particular de materiales destinados a estas obras.

En concreto, los trabajos corrieron a cargo de la UTE Desdoblamiento C-715 (integrada por las empresas Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa, Itinere Infraestructuras, MAB y Sacyr). Según los investigadores, los imputados podrían haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y falsedad en documento mercantil.

Sin embargo, algunos de los encausados han negado un desvío a fines particulares y que el desfase repercutiese en las arcas del Consell, al defender que la adjudicación de los trabajos recayó en manos de la empresa Pamasa y fue posteriormente cuando esta sociedad subcontrató las obras a la UTE. Así, rechazan de plano que el supuesto sobrecoste indagado repercutiese en las arcas de la institución supramunicipal.

Se da la circunstancia además de que uno de los imputados del caso solicitó la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo tras detectar hasta 565 expresiones ininteligibles y otros numerosos errores en la transcripción de los interrogatorios practicados a lo largo de la instrucción de la causa, lo que, tal y como alega su defensa, da pie a que varíe el sentido de las declaraciones y resulta "perjudicial para los derechos" de los inculpados.

Entre otras imprecisiones, la defensa del encausado destacaba las plasmadas como 'pequeño enterramiento' en lugar de 'pequeño cerramiento'; 'María Antonia Manara' en vez de Maria Antònia Munar, expresidenta del Consell de Mallorca; 'Construcciones Montugi', que nada tiene que ver con las investigaciones y sin que "esta defensa sea capaz de identificar a qué se refiere"; e incluso frases como 'vinieron dos chicas de fotocool o no se qué'. Así hasta más de 500 ambigüedades y equívocos.

Según su escrito, la deficiente conservación de las diligencias se materializa incluso en advertencias como 'La intervención de la juez no resulta perceptible' y en expresiones que se tachan de 'ininteligibles' por no entenderse lo que la magistrada afirma en las declaraciones, lo que, a juicio de la defensa, "vulnera" el derecho a la tutela judicial efectiva de su patrocinado y provoca en él "una clara indefensión".

Todo ello como consecuencia de la grabación de las comparecencias a lo largo de más de tres años de instrucción, lo que las hacía "prácticamente indescifrables" y motivó que la Audiencia Provincial de Palma diese la razón a la Fiscalía y a las defensas, que solicitaban que las declaraciones de imputados y testigos fuesen recogidas en formato papel. De hecho, el propio Juzgado que instruye la causa ya tuvo que declarar nulas varias de estas deposiciones.