La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha considerado este jueves que no sería "lógico ni razonable" que el objetivo de déficit que esta tarde se va a fijar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para el conjunto de las autonomías fuese menor a un 1,7 por ciento, que es la cifra mínima de la horquilla que defiende la Junta, que llega hasta un máximo del 2,2.

En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Parlamento, Aguayo ha explicado que en la reunión de este jueves entre Hacienda y las comunidades se va a estudiar la propuesta inicial del Gobierno de fijar el objetivo de déficit en un 1,3 por ciento para las autonomías pero que dicha cifra no supone "reparto correcto sino desequilibrado porque el Estado se reserva el 5,2 por ciento, que es una cifra superior incluso de con la que terminó el año pasado, mientras que a las comunidades nos van a pedir todo el peso del ajuste".

"No me parece razonable porque ni responde a lo que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que da una cifra muy distinta para las comunidades, ni responde al reparto real de la carga de los gastos públicos del Estado y las comunidades, ni responde tampoco al reparto del margen de los dos puntos del PIB que ha dado la Unión Europea a España", ha argumentado la consejera.

Sobre este último aspecto, ha recordado que la Junta ha propuesto, no como algo "perfecto pero sí razonable", que "esos dos puntos de margen por parte de la UE se repartan al 50 por ciento, lo que daría un 1,7 por ciento a las comunidades".

Según Aguayo, esta cifra del 1,7 es el mínimo aceptable aunque mejor sería el 2,2 por ciento que "correspondería al reparto del 35-65 por ciento que marca la realidad de los servicios que prestamos". "La Ley de Estabilidad daría una cifra algo inferior (al 2,2), pero también superior al 1,3", ha añadido la titular andaluza de Hacienda para mostrar su rechazo a este cifra.

También ha señalado que en el CPFF de este tarde se presentará formalmente a las comunidades el informe del Gobierno central para la reforma de las Administraciones Públicas así como los "puntos fundamentales que tiene que ver con esa fijación de los objetivos de déficit".