PSOE-A e IULV-CA, socios en el Gobierno de la Junta, han rechazado este martes en la ponencia de la Comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento andaluz incorporar al informe del proyecto de Ley sobre función social de la vivienda las 82 enmiendas formuladas por el Grupo Popular, entre las que se incluía la supresión de la disposición relativa a la expropiación del uso temporal de la vivienda en caso de desahucios con riesgo de exclusión social.

Fuentes 'populares' han indicado a Europa Press que de las 82 enmiendas presentadas por su grupo no han sido aceptadas ninguna. Entre las enmiendas más relevantes, el PP-A propuso que la Junta de Andalucía modifique la disposición adicional segunda de su decreto ley de la función social de la vivienda para que se suprima el apartado donde se materializa la expropiación del uso temporal de la vivienda y se cree, en el plazo de un mes, "un fondo que garantice el derecho a una vivienda digna y adecuada" para todas aquellas personas en especial situación de vulnerabilidad como consecuencia del impago del alquiler de su vivienda habitual o de una ejecución hipotecaria.

Los 'populares' también han presentado otras de supresión de determinados artículos y también de adición. En total, 82 enmiendas para "mejorar" un texto que consideran que "no hace realmente efectivo la garantía del derecho a una vivienda" que recoge el Estatuto de la comunidad.

Entre otras medidas, el PP-A reclama la creación de un "registro de viviendas públicas de la Administración de la Junta y sus entes instrumentales" para que "la mayor inmobiliaria de Andalucía" (en referencia a la Junta) tenga como "instrumento básico" en la adjudicación de inmuebles la "transparencia". Para ello, propone que sea un registro de carácter autonómico y que esté "vinculado a la función social de la vivienda" para que no vuelva a ocurrir, "como ha reconocido la propia consejera Cortés", que la Empresa Pública de Suelo (EPSA) actúa con "criterios comerciales" y no sociales.

Por su parte, fuentes de IU han explicado a Europa Press que de las dos propuestas más importantes llevadas a la ponencia de la Comisión de Fomento y Vivienda, una ha sido aprobada por unanimidad y la otra por asunto técnico tendrá que pasar por la Comisión de Fomento, donde "previsiblemente será aprobada por unanimidad".

La enmienda aprobada por unanimidad propone incorporar una nueva disposición adicional, la tercera, para legislar un compromiso "en firme" que vincule al nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación que elabora en estos momentos la Consejería de Fomento para comprometer medidas que den soluciones a personas que están siendo desahuciadas en régimen de alquiler.

La segunda, que pasará por Comisión, planteaba que puedan acogerse a la expropiación del uso de la vivienda los trabajadores autónomos que se encuentren en especiales circunstancias de emergencia social y cuya vivienda habitual constituya garantía de un préstamo bancario concedido para hacer frente al desempeño de su actividad profesional y se encuentre incursa en un procedimiento de ejecución o apremio instado por la entidad financiera concedente del crédito.

Esta enmienda va destinada a "ampliar la cobertura de protección" de este sector. Hasta el momento, la normativa sólo da cobertura en relación a la expropiación temporal del uso de la vivienda a las personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecarias.

IULV-CA también propone a través de estas enmiendas, presentadas durante el trámite parlamentario como proyecto de ley, que se incluyan en este apartado las personas en especiales circunstancias de emergencia social que, como consecuencia de la ejecución de un aval que las mismas hayan prestado en orden a garantizar un crédito hipotecario, hayan de responder con su propia vivienda habitual.

En este paquete de ocho enmiendas, algunas de adición y otras de modificación, se incluye también la creación de un sistema de información del Parque Residencial de Andalucía por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda con el objetivo de construir una base de información actualizada sobre las viviendas existentes en Andalucía, así como su efectiva ocupación habitacional.

El informe de la ponencia debe volver a la Comisión de Fomento y Vivienda para su aprobación definitiva y su posterior debate en el Pleno del Parlamento, donde los grupos podrán defender las enmiendas que decidan mantener vivas. El denominado decreto 'antidesahucios' de la Junta está en vigor como decreto-ley desde el pasado mes de abril y ahora se tramita como proyecto de Ley en la Cámara autonómica.