El exdelegado especial del Estado para la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro ha tomado la palabra en la última sesión del juicio por el 'caso Rilco', dando cuenta a la Sala de que su pena "ya está dada y seguirá", puesto que, con independencia de que la sentencia le considere "culpable o no", está sometido a una "condena digital perpetua".

En este sentido, ha pedido al tribunal que lo haga saber a las autoridades y que éstas tomen las medidas posibles para que "sean corregidos, de alguna manera", los "crímenes digitales" como los que entiende que se han cometido contra él.

Rodríguez de Castro ha sido el único de los cinco encausados que ha tomado la palabra antes de que el juicio que se viene desarrollando desde el pasado 24 de mayo en la Sala Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz quede visto para sentencia después de once sesiones.

Argumenta el reseñado que lleva "13 años sometido a juicio" de un modo "absolutamente torturador y a través de Internet", que se ha convertido para él en un "potro de tortura", puesto que su "reputación, nombre" y el de su familia ha sido "arrasado".

Expone que "la composición de apellidos Rodríguez de Castro", unido en muchos casos a su foto, muestra en Internet a "un ciudadano como presunto culpable, haga lo que haga". Esto "tan grave" se lleva haciendo durante más de una década y seguirá ocurriendo en el futuro, puesto que "no existe técnicamente forma de borrar eso de Internet". Así, "cada nanosegundo" que pasa es víctima de dicha "tortura", sin importar "si es culpable o si no".

Ha defendido que Rilco fue un proyecto "visionario" que trató de impulsar con "la mejor intención", para "hacer algo bueno para la ciudad de Cádiz" y, por ello, "nunca me arrepentiré". Sin embargo, se produjo un cambio político en la Zona Franca y el proyecto "se tira a la papelera" y es, según dice, utilizado políticamente por el PSOE.

Dice llevar "13 años de respetuoso silencio durante la instrucción más larga de Andalucía", que ha sido la del 'caso Rilco', un "tinglado" que afirma que montó el PSOE con los abogados del Estado Aurelio Ruiz Piñas y Manuel Ponce, a quienes atribuye "motivos personales para esta persecución torturadora".

Cabe señalar que Ruiz Piñas representa a la acusación particular en este proceso. Dice que lo conoce desde que tenían 16 años y él "lo llevaba a su casa en moto cuando se emborrachaba en Sevilla". Con Ponce dice que lo unía una "relación de amistad y confianza extrema". Ambos fueron sus asesores en la Zona Franca y confió "ciegamente en ellos". "Me puse en sus manos con fe ciega y absoluta", ha llegado a decir.

Rodríguez de Castro también ha hecho referencia a las reiteradas manifestaciones que aluden a que "gastaba a manos llenas" y cuestionan su papel como gestor en la Zona Franca. Sin embargo, entró en una Zona Franca que sus antecesores socialistas habían "dejado arrasada" económicamente y cuatro años después ya ganaba dinero.

No obstante, sale de la Zona Franca y comienza a trabajar como asesor para una compañía empresarial extranjera hasta que llega esta querella en 2005, que unida a Internet, ha minado su reputación y "terminado con mis negocios".

Ha destacado que la querella es fruto de la "persecución" que ha sufrido por parte de "20 altos funcionarios del Estado, con recursos ilimitados" de la Administración y también del PSOE, cuyo letrado le volvió a "condenar impunemente" este jueves en el juicio al afirmar que está imputado por blanqueo de capitales en Panamá.

Las defensas

En la sesión anterior presentaron sus conclusiones finales a la Sala las acusaciones, que ejercen el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y el PSOE, y el abogado defensor del también exdelegado de la Zona Franca Miguel Osuna. Este viernes ha sido el turno de las defensas de Rodríguez de Castro, del matrimonio compuesto por Germán y Camila Leiva —titulares de Miami Free Zone, adjudicataria en un primer momento de Rilco— y del exdirector general de Rilco Rafael Ortiz.

Las defensas, que han pedido la libre absolución, han reforzado los planteamientos que han venido exponiendo a lo largo del juicio, coincidiendo todas ellas en cuestionar dónde se supone exactamente que está la malversación, el dolo y otros elementos fundamentales para que se den los delitos que se les imputan, lo cual entienden que no ha podido acreditar la acusación pese a haber realizado una "selección interesada de los documentos" presentados a la causa.

Sostienen que Rilco se adjudicó adecuadamente, se realizó, se entregó, funcionaba y se pagó por ello "lo que valía", apoyándose en este punto en los testimonios aportados por diferentes peritos durante el procedimiento.

Cabe señalar que tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado realizan la misma solicitud de penas para los acusados, difiriendo el PSOE únicamente en lo que respecta a Osuna. Los primeros piden para éste ocho años de cárcel por un supuesto delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de fraude por incumplimiento de las condiciones establecidas al alterar sustancialmente los fines para los que se concedieron ayudas públicas. El PSOE pide dos años y tres meses más que los anteriores, es decir, diez años y tres meses de cárcel, por considerarlo también responsable de un delito continuado de encubrimiento.

Para Rodríguez de Castro piden diez años de cárcel por un supuesto delito continuado de fraude por obtención de ayuda de las administraciones públicas ocultando las condiciones que lo hubiesen impedido, otro delito de fraude, uno de prevaricación administrativa cometido por autoridad pública y un delito continuado de malversación de caudales públicos. Para los Leiva piden cuatro años de prisión por supuestos delitos de fraude, prevaricación administrativa y un delito continuado de malversación de caudales públicos.

Las tres partes acordaron retirar la acusación contra el exdirector general de Rilco José David Sánchez de la Medina, que este jueves abandonó el banquillo de los acusados. No ha ocurrido lo mismo con el otro exdirector general de Rilco acusado, Rafael Ortiz, para quien piden once años de prisión en lugar de los seis iniciales, al considerarle penalmente responsable de un delito continuado de fraude por incumplimiento de las condiciones establecidas para las ayudas concedidas por la Administración, de un delito continuado de malversación de caudales públicos y de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público.

Así, la defensa de Ortiz ha llamado la atención sobre el hecho de que el Ministerio Fiscal haya partido del mismo relato de hechos en las conclusiones definitivas, "sin tener en cuenta el juicio", y que, sin embargo, haya introducido de manera "inesperada y desconcertante" un cambio en la calificación de los hechos que se imputan a su defendido.