Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, se han referido este viernes al supuesto cobro de sobrecomisiones por parte de los sindicatos en el caso de los ERE irregulares y han dicho que éstos han recibido ya una "sentencia anticipada", por lo que han pedido agilizar el proceso judicial para acabar con la "indefensión" en la que se encuentra ahora.

En los cursos de la UIMP en Santander, el responsable de Comisiones Obreras ha dicho que es "muy urgente" que concluya la instrucción del caso y se pase a la siguiente fase judicial para que la actual "indefensión" que sufren los sindicatos pase a ser una "aclaración suficiente". "Hay que agilizar los trabajos judiciales", ha reclamado.

Por su parte, el líder de UGT ha defendido que no son "mediadores ni conseguidores" y que en las presentaciones de los ERE es "donde con mayor dedicación empleamos la fuerza de la organización".

En la misma línea, Toxo ha dicho que está "seguro" de que si ha habido una trama en torno a los ERE "los sindicatos no son parte de esa trama" y ha recordado que su intervención "se justifica por su existencia, por la protección de los derechos de la gente".

Méndez ha subrayado que cuando llegue el juicio "todo se aclarará" y ha añadido que tiene "toda la tranquilidad" sobre este asunto; mientras que Toxo ha coincidido en señalar que "todo esto se demostrará cuando se pase a la siguiente fase".

A juicio de ambos, pese a que no hay un "riesgo judicial" porque en su momento se aclararán los términos de su intervención, por el momento ya lo hay "moral", además de un "juicio público", con una "sentencia anticipada" y una "condena de papel" que deteriora "muy seriamente" la imagen y reputación de los sindicatos.

Al respecto, Toxo ha subrayado que "un auto judicial no es una sentencia" y "una instrucción de la Guardia Civil no es una condena".

Andalucía no es la tierra de los ere

Por último, Méndez ha insistido en deshacer el "equívoco" de que "Andalucía es la tierra de los ERE". "Eso no se corresponde en absoluto con la realidad", ha dicho, señalando que en la década de referencia, ha habido más de 1.520.000 trabajadores afectados por ERE en España, de los que 81.464 estaban en Andalucía, el 5 por ciento del total, mientras que Andalucía representa el 15 por ciento del PIB.

"Estamos hablando de una iniciativa de la Junta de Andalucía que, al igual que se ha hecho en otras regiones de los años 80, definió cuatro planes de reconversión en situaciones de crisis. De los 81.464 trabajadores afectados estamos hablando en esos procesos de reconversión del 8 por ciento, 6.500 trabajadores. ¿Ha habido irregularidades? Menos del 4 por ciento. En el 96 por ciento nadie puede plantear ninguna cuestión de legalidad", ha subrayado.