La acusación particular del denominado 'caso Rilco', que ejerce la Abogacía del Estado, ha expuesto ante la Sala que el exdelegado de la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro recibió unos 800.000 euros entre los años 2002 y 2003 que podrían proceder de los 4,2 millones de euros de fondos públicos concedidos a Rilco que, según sostiene, habrían sido desviados en base a un plan preconcebido.

Según ha argumentado el abogado del Estado Aurelio Ruiz Piñas, en esos años —en los que Rodríguez de Castro estaba ya fuera del Consorcio de la Zona Franca y de Rilco, donde ocupó cargos de responsabilidad hasta el primer trimestre de 2001— recibió diferentes cantidades por montante de 800.000 euros a su nombre o al de empresas de las que era "administrador único" como Iberian Reits. Los ingresos habrían sido realizados por parte de "diferentes sociedades de Panamá" cuyos nombres no ha especificado o de empresas como Duater, que fue una de las que supuestamente asesoró a Miami Free Zone para el desarrollo de Rilco.

Así, ha aludido a una transferencia de 230.000 euros en 2003 de Duater a Iberian Reits, que en junio de ese año habría recibido otro ingreso de 210.000 euros de una persona que había sido contratada en relación a Rilco en Panamá. Ha mencionado otro ingreso de 219.000 euros de unas empresas de Panamá y a otro ingreso más de unos 174.000 euros en el año 2002.

Expone el abogado del Estado que tanto Duater como Adriano 16 —las cuales habrían asesorado a Miami Free Zone— tienen como administradores a las mismas personas que "manejan cerca de mil denominaciones sociales", que, en su opinión, "pueden emitir facturas y poco más". En este saco ha metido también a Miami Free Zone, de la que ha dicho que "sólo sirve para desviar fondos".

Según ha explicado a los periodistas en un receso, esta información procede de un informe de la Agencia Tributaria que ha sido aportada a otro proceso en curso en el juzgado número once de Sevilla en el que Rodríguez de Castro está imputado por "otro delito fiscal". Asimismo, el abogado del PSOE, que ejerce la acusación popular, ha indicado a los informadores que Rodríguez de Castro "también está imputado por blanqueo de capitales en Panamá".

De las intervenciones de las acusaciones cabe resaltar el argumento del fiscal relativo a que la "gestión diligente" que se le atribuye a Osuna como delegado de la Zona Franca se "quiebra" debido al supuesto "desconocimiento" de los detalles relativos a Rilco, lo que "suena a que conozco lo que quiero y lo que no quiero porque me perjudica, lo desconozco".

De Ortiz ha dicho que "no es un broker, sino un director general en toda regla" que, en base a la jurisprudencia citada, tenía consideración de funcionario público. El abogado del Estado también ha argumentado que Ortiz "fue contratado para que todo se ejecutara conforme había establecido Rodríguez de Castro". El abogado del PSOE ha incidido en el papel que jugó Osuna en toda esta "puesta en escena" y ha cuestionado la solvencia técnica y profesional de los Leiva y de Miami Free Zone.

El abogado del Estado ha argumentado que este "no es un proceso a Rilco, sino para determinar si se han evadido fondos públicos con el pretexto de la contratación". Así, "analizar si Rilco es un 'bluf' o no corresponde a otras personas".

Sobre la retirada de la acusación a Sánchez de la Medina, ha sido el fiscal quien ha explicado que consideran que no realizó ningún tipo de actividad encubridora y tampoco de colaboración activa en ninguno de los hechos delictivos. "No toma decisiones ejecutivas, está lejos del dinero público y de las subvenciones", apunta el fiscal, que agrega que el reseñado advirtió de lo que estaba pasando y llegó a "oponerse expresamente al pago" de contratos a Miami Free Zone.

A su salida de Audiencia, Sánchez de la Medina ha manifestado que está "muy contento", siendo ahora "momento de disfrutar" después de cinco años en los que ha estado imputado y en los que se le ha causado un perjuicio económico y un daño a su imagen. Más adelante valorará si emprende alguna acción legal al respecto. Sobre el juicio, considera que "se ha demostrado que Rilco existió", con independencia de si se adjudicó bien o mal.

Libre absolución

La defensa de Osuna, que ejerce el abogado Felipe Meléndez, ha sido la única en tomar la palabra en la sesión de este jueves, estando previsto que el resto lo haga este viernes y el juicio quede visto para sentencia. El letrado ha reiterado los argumentos expuestos en las cuestiones previas sobre los cargos que se imputan a su defendido y ha incidido en que el abogado que representa a la Abogacía del Estado pueda tener un interés en el procedimiento. De hecho, recuerda que estaba aceptado como testigo, si bien luego se denegó la testifical "para no perjudicar a la acusación particular", aunque eso haya "afectado directamente a la defensa" de su patrocinado.

Entiende que sería "como mínimo más estético" que ejerciera la acusación otro abogado, ya que Ruiz Piñas tiene una "animadversión personal" y un "interés personal en condenar a Osuna". Resalta el hecho de que a Rodríguez de Castro "sólo le ha hecho una pregunta" en el transcurso del juicio. Esto, unido a cuestiones sobre la documentación presentada y no presentada en el procedimiento, hace "sopesar la credibilidad de la propia acusación particular".

Ha destacado la "evolución peculiar" del procedimiento en tanto que se inició en base una querella que argumentaba que "Rilco no existía" y se pagó por ello unos 6,6 millones de euros. Sin embargo, testigos y peritos han expuesto en el juicio que Rilco "se terminó, entregó y recepcionó", "cambiando de rumbo la acusación a partir de ahí".

Meléndez ha resaltado que, según testificó el perito judicial, Rilco valía "entre 5,5 y 7,4 millones de euros", lo que significa que se pagó por el proyecto "lo que valía". Por ello, ve "grave" que el proyecto funcionara y hubiera orden de "abortarlo" del sucesor de Osuna en la Zona Franca, el socialista José de Mier.

Critica el letrado que la acusación no haya hablado en sus conclusiones de facturación, entre otras cuestiones porque Rilco "se activó en septiembre de 2003" y la auditoría que determinó que no había facturación del portal "se realizó en 2004". También ha planteado dudas sobre el informe de 94 páginas elaborado por un funcionario de la Subsecretaría de Hacienda que se ha aportado a lo largo del procedimiento y al que se ha hecho referencia como "el origen" que habría dado pie a la querella posterior.

Defiende que Osuna actuó de manera diligente y atribuye a su "celo" la decisión de crear cuenta mancomunada, que actuó "como aval", en la que estuvieron depositados 2,8 millones de ayudas concedidas por el Estado dentro del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (Profit) hasta que se recepcionaron los trabajos de Miami Free Zone.

Argumenta Meléndez que la orden de 7 de marzo de 2000 que regula los Profit establece que el incumplimiento de los requisitos dará lugar a la cancelación total o parcial de las ayudas "tras el preceptivo informe de incumplimiento" en caso de prosperar. El abogado subraya que no hay constancia de la existencia de dicho expediente, con lo que la acusación podría estar pidiendo la restitución de algo que no solicita el Ministerio, no descartando tampoco que pueda haberse cerrado ese expediente sin determinar incumplimiento y que por eso no se haya aportado a la Sala.

Entre otras cuestiones, también ha significado que Osuna no tenía relación con el resto de acusados y ha preguntado en qué se supone que se ha beneficiado exactamente. Asimismo, argumenta que su actuación no ha sido dolosa en ningún caso y que la liberación de Sánchez de la Medina "contagia necesariamente la liberación de Osuna en este procedimiento".