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Aprobada la ley del consumidor que acabará con el redondeo

MADRID (Reuters) - El Congreso de los Diputados aprobó el jueves la ley que mejora la protección de los consumidores y usuarios y que pretende acabar con prácticas abusivas como el redondeo al alza por parte de algunas compañías de servicios.

Con la nueva ley, que entrará en vigor en enero, se obliga a cobrar por tiempo real por ejemplo en aparcamientos y telefonía, que deberán facturar exclusivamente lo que gaste el usuario en minutos y segundos, respectivamente.

La ministra de Sanidad, Elena Salgado, dijo en el Parlamento que es inexplicable que sean sólo los proveedores de servicios los que obtengan ventaja de las nuevas tecnologías, que permiten contabilizar el consumo al segundo.

Los usuarios tendrán además las mismas facilidades para darse de baja de los servicios que cuando se dieron de alta, un dificultad muy común cuando se habla por ejemplo de operadoras de telefonía.

Además, se garantiza la atención personalizada a los consumidores en los servicios telefónicos de atención al cliente, prohibiendo así la voz pregrabada como única alternativa.

La nueva ley adapta la normativa nacional a la europea para evitar cláusulas abusivas y también mejora la protección de los consumidores ante la compra de una vivienda, prohibiéndose que se trasladen al comprador las plusvalías que corresponden al vendedor o que se les penalice si no contratan la hipoteca que propone el promotor.

El pleno rechazó la enmienda incorporada por el PP en el Senado que suponía la creación de un Fondo de Garantía de Bienes Tangibles para casos como el de Forum y Afinsa. El PSOE la rechazó por considerar que al no tener carácter retroactivo no supondría ninguna solución para los afectados.

La Unión de Consumidores Española considera que con esta norma se satisface una reivindicación histórica que fortalece al consumidor, considerado habitualmente la parte más débil de las relaciones contractuales.

El texto regula además las asociaciones de consumidores, estableciendo las obligaciones de independencia y transparencia que deben reunir para poder representar los intereses generales de los consumidores.

Finalmente se legitima al Instituto Nacional del Consumo, a las Comunidades Autónomas y a los municipios para demandar el cese de prácticas contrarias a la Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios.

/Por Edgar Aribau/

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