El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que el nuevo mecanismo para garantizar que las administraciones públicas pagan a sus proveedores en 30 días, como dispone la Ley de Morosidad, implicará "más condicionalidades" para aquéllas que se acojan a este instrumento.

En la jornada inaugural de los cursos organizados por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Montoro ha querido dejar claro que este nuevo mecanismo, que espera que esté listo a finales de este año, "no será como el Plan de Pago a Proveedores del pasado año".

Según ha dicho, el Gobierno está diseñando los instrumentos financieros necesarios para hacerlo "viable", y de entrada ha asegurado que "implicará más condicionalidad" para las administraciones afectadas, ya que hay que asegurarse de que éstas "están en condiciones de devolver los créditos" que se les concedan para pagar a sus proveedores.

Por otro lado, Montoro ha subrayado que "se pretende hacer posible que a finales de año se esté en situación de que la Ley de de Morosidad, que está vigente, se cumpla". Según ha subrayado, esto es "fundamental" porque en ello está en juego que haya financiación para las pequeñas y medianas empresas.