La juez Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha citado a declarar como imputado este lunes al dueño de Uniter, José González Mata, todo ello después de que su comparecencia fuera aplazada hace ya tres meses en el marco de la operación 'Heracles' desarrollada por la Guardia Civil para investigar el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.

La declaración de González Mata, fijada por la magistrada en una providencia consultada por Europa Press, se encontraba pendiente desde el pasado mes de marzo, periodo de tiempo desde el cual la juez ha ordenado el bloqueo de un total de 84 cuentas bancarias que se encuentran a nombre del dueño de la mediadora o de algunas de las empresas vinculadas a Uniter, como son Cureña S.L. o Ingotor Seguros S.L..

Precisamente, el pasado martes se celebró una comparecencia en la cual tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Junta de Andalucía y el abogado del dueño de Uniter solicitaron a la juez que nombrara un administrador judicial para Uniter y Cureña, pero la magistrada aplazó dicho nombramiento y dijo que no tomaría ninguna decisión al respecto hasta que tomara declaración al imputado, lo que se producirá por fin este lunes.

En la misma providencia, la juez instructora cita este miércoles "a fin de ampliar sus declaraciones en calidad de imputados" al exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín y a su mujer, María José Marcos Férriz, el primero de los cuales salió recientemente de prisión tras abonar la fianza de 600.000 euros que le impuso la Audiencia Provincial de Sevilla, mientras que la segunda quedó en libertad con cargos tras comparecer en marzo ante la magistrada.

El mismo día 19 de junio, la juez ha citado a declarar como imputada a la administradora mancomunada de Vitalia María Ascensión de la Cruz Antona, quien, a juicio de la magistrada, "se prestaría a figurar como administradora en Vitalia Vida y a intervenir formalmente en determinados actos y negocios jurídicos con la finalidad de actuar como una pantalla, de forma que quedara oculta la actividad directiva de los auténticos responsables de la empresa".

Albarracín y su mujer ya declararon el pasado mes de marzo ante la juez, destacando que el primero de ellos aseguró en su comparecencia que "los últimos responsables del pago de las elevadas comisiones son los señores de la Junta", pues "teniendo la posibilidad de poder contrastar varias ofertas y preguntarles a las aseguradoras qué cuantía de comisiones estaban pagando, no lo hacían", añadiendo que "piensa que les daba igual el dinero, cuando no es suyo —el dinero público— no echaban cuenta".

La juez imputó al exdirectivo de Vitalia sendos delitos continuados de cohecho, malversación de caudales públicos y prevaricación, así como un delito contra la hacienda pública y otro de falsedad en documento mercantil, ordenando su ingreso en prisión sin fianza, aunque posteriormente la Audiencia Provincial estimó el recurso del imputado y lo dejó en libertad bajo fianza de 600.000 euros, cantidad que depositó a los pocos días para poder abandonar la cárcel.