El Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda, formado por los grupos de Stop Desahucios, Plataformas de Afectados por la Hipoteca y Comisiones del 15M de Vivienda de las ocho provincias andaluzas, han lamentado su "exclusión" en la tramitación parlamentaria del Decreto Ley de función social de la vivienda de la Junta, por lo que pide que se amplíe el plazo de presentación de enmiendas a dicha norma, pues "es necesario legislar escuchando al tejido asociativo que defiende el derecho a la vivienda".

En un comunicado, este movimiento ha expresado su "malestar" por la "exclusión" del Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda en la tramitación del proyecto de ley, por lo que les causa "sorpresa y desconcierto" que la Administración "nos ignore como interlocutor en este proceso, cuando responsables de la Consejería de Fomento y Vivienda han mantenido reuniones formales con el Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda al menos en tres ocasiones (29 de junio de 2012 en Sevilla; 31 de julio de 2012 en Córdoba; y 6 de abril de 2013 en Granada)".

Ha recordado que el Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda ha mantenido desde junio de 2012 cinco encuentros de coordinación, además de diversas acciones unitarias, como la manifestación por el Derecho a la Vivienda el pasado 24 de noviembre en Sevilla o la petición formal a dicha Consejería de la Declaración del Estado de Emergencia Habitacional, realizada de forma simultánea en distintas provincias el pasado 14 de marzo de 2013.

"Nos resulta incomprensible que sólo se cursara invitación para comparecer a dos colectivos integrantes del Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda, que, además, tuvieron conocimiento con apenas diez días de antelación, con escaso tiempo para preparar su intervención y mucho menos para intentar reflejar en ella el sentir de todos los colectivos que defienden en Andalucía el derecho a una vivienda digna", ha agregado el movimiento en su nota.

En este sentido, apuntan que si no se consideraba invitar al Movimiento Andaluz como agente social, "al menos debería haberse contado con el resto de organizaciones sociales que lo conforman y que llevan años trabajando a pie de calle". Asimismo, lamentan que "imponiendo dichos plazos, no se tiene en cuenta nuestro funcionamiento, basado en la horizontalidad y la adopción de decisiones de forma asamblearia".

Este Movimiento tampoco comparte la "precipitación" con la que se ha realizado este proceso, toda vez que este decreto ley "no contó con la participación previa de las organizaciones sociales, a pesar de que cinco días antes de su publicación la Consejería se reunió con el Movimiento".

Ha recordado que la Consejería "justificó la adopción de esta fórmula porque posteriormente iba a existir tiempo suficiente para realizar enmiendas en el trámite parlamentario que iba a tener lugar en septiembre, pero, tras las comparecencias parlamentarias, se ha dado un plazo inferior a una semana para realizar dichas aportaciones, sólo a los colectivos comparecientes, y eligiendo la fórmula del trámite parlamentario de urgencia".

Ante esta situación, el Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda ha solicitado la ampliación del plazo de presentación de enmiendas, al entender que "es necesario legislar escuchando al tejido asociativo que defiende el derecho a la vivienda, con objeto de que la norma resultante recoja la compleja problemática del acceso a una vivienda digna detectada por los colectivos en su intervención cotidiana".

El Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda valora el paso dado por la Consejería de Fomento y Vivienda, pero lo considera "claramente insuficiente en su pretensión de garantizar el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada", tal y como se recoge en la exposición de motivos.

En este sentido, ha recordado que el Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda "lleva meses defendiendo la declaración del Estado de Emergencia Habitacional en la comunidad autónoma, sin que exista impedimento legal alguno para ello, al estar contemplado en distintas normativas como la propia Constitución, la Ley de Gestión de Emergencias autonómica o el Plan Territorial de Emergencias de Andalucía".

A su juicio, así "se daría respuesta a los miles de rostros del problema de acceso a una vivienda digna sin cabida en la norma, como, por ejemplo, las familias desahuciadas por impago de alquiler, las que habitan hacinadas, las que se han realojado en viviendas deshabitadas, las personas forzadas a vivir en la calle, en chabolas, en estructuras temporales, en locales y garajes, en coches y furgonetas y en espacios con obsolescencia constructiva y funcional, o aquellas que sufren a causa de la crisis el corte de los suministros esenciales de agua y energía eléctrica".

Ha recordado que estas propuestas fueron presentadas formalmente, de forma simultánea, como Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda, en las distintas Delegaciones Provinciales de la Consejería de Fomento y Vivienda, el pasado 14 de marzo.