España quebranta los derechos de detenidos por el 11-M -HRW

España quebranta los derechos de detenidos por el 11-M -HRW

MADRID (Reuters) - Las medidas que España ha aplicado para combatir el terrorismo quebrantan los derechos humanos básicos de los detenidos, dijo el jueves la organización Human Rights Watch en un informe que estudia la situación de los presos vinculados con presuntas células de Al Qaeda y los atentados del pasado marzo en Madrid.

El grupo de defensa de los derechos humanos alabó los esfuerzos de España para combatir el terrorismo desde los tribunales, en lugar de detener indefinidamente a los sospechosos sin un juicio previo, como ocurre en Estados Unidos y el Reino Unido.

Sin embargo, dijo que prácticas como tener incomunicados a los detenidos hasta trece días y mantener a la defensa ocultos los detalles de las investigaciones no cumplían con la legislación internacional de derechos humanos.

'España actúa correctamente al combatir el terrorismo a través de los tribunales', dijo Rachel Denber, directora de Human Rights Watch en Europa. 'El Gobierno ha de asegurarse de que los sospechosos de terrorismo tienen los derechos debidos de proceso, necesarios para una defensa eficaz. Sólo entonces España será un auténtico líder', añadió.

Responsables oficiales de los ministerios de Justicia e Interior no tuvieron ningún comentario que hacer al respecto.

La legislación antiterrorista española se ha desarrollado durante años de lucha contra ETA. Las autoridades consideran que manteniendo incomunicados a los sospechosos se impide que adviertan a otros presuntos etarras a través de sus abogados.

España ha sido uno de los países europeos más activos en luchar contra el activismo islámico y en la actualidad tiene aislados en las cárceles a más de 80 presuntos extremistas, muchos dentro de una larga investigación del juez Baltasar Garzón sobre las operaciones de Al Qaeda.

Otro juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, está investigando los atentados atribuidos a Al Qaeda en los que el pasado marzo murieron en Madrid 191 personas.

La esposa del periodista de Al Yazira Tayseer Alouni, encarcelada por el juez Garzón, dijo que las cárceles españolas se convirtieron en 'otro Guantánamo' después de que las autoridades aislaran a presuntos activistas.

Human Rights Watch pidió al Gobierno socialista que se asegurara de que todos los sospechosos tenían acceso a un abogado desde el principio de la detención y que podían hablar con ellos en privado.

En la actualidad, a los sospechosos de terrorismo se les asigna un abogado de oficio que está presente cuando comparecen ante el juez y no pueden hablar directamente con su cliente, ni siquiera cuando declara ante el tribunal.

La ONG también pidió a España que se asegurara de que las condiciones de la custodia policial cumplían los patrones internacionales. Citó ejemplos de detenidos incomunicados en celdas subterráneas sin luz natural y de la presencia de presos descalzos incluso ante el tribunal.

/Por Daniel Flynn/

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