El Ministerio Fiscal ha formulado su escrito de conclusiones definitivas en el marco del 'caso Rilco', según el cual retira la acusación contra José David Sánchez de Medina, exdirector general de Rilco para el que inicialmente pedía seis años de prisión por supuestos delitos de encubrimiento y falsedad documental.

No ocurre lo mismo con el también exdirector general de Rilco Rafael Ortiz, para quien solicita más de ocho millones de euros de multa y once años de prisión en lugar de los seis iniciales, al considerarle penalmente responsable de un delito continuado de fraude por incumplimiento de las condiciones establecidas para las ayudas concedidas por la Administración, de un delito continuado de malversación de caudales públicos y de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público.

Así consta en el escrito de conclusiones definitivas de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press y que este jueves adelanta la prensa local. En el mismo, el fiscal modifica la petición de pena para el exdelegado de la Zona Franca Miguel Osuna, al desaparecer el delito de encubrimiento y retirársele al inicio del juicio el cargo por falsedad en documento oficial. De esta forma, el Ministerio Fiscal pide ocho años de cárcel y ocho millones de multa para Osuna por un supuesto delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de fraude por incumplimiento de las condiciones establecidas al alterar sustancialmente los fines para los que se concedieron ayudas públicas.

Por otra parte, mantiene su petición para los acusados Manuel Rodríguez de Castro y el matrimonio compuesto por Germán y Camila Leiva, exdelegado del Estado para la Zona Franca de Cádiz el primero y propietarios los segundos de Miami Free Zone, empresa adjudicataria del proyecto Rilco.

Así, considera que Rodríguez de Castro es responsable de un delito continuado de fraude por obtención de ayuda de las administraciones públicas ocultando las condiciones que lo hubiesen impedido, otro delito de fraude, uno de prevaricación administrativa cometido por autoridad pública y un delito continuado de malversación de caudales públicos. Por ello, pide diez años de prisión y ocho millones de euros de multa.

De otro lado, entiende del fiscal que el matrimonio Leiva es responsable de un delito de fraude, otro de prevaricación administrativa y un delito continuado de malversación de caudales públicos, por lo que pide una pena de cuatro años de prisión para cada uno de ellos.

Asimismo, el Ministerio Fiscal apunta que procede condenar a los cinco acusados a que indemnicen solidariamente a Rilco en importe de unos 3,5 millones de euros por los caudales públicos sustraídos. Igualmente, insta a que hagan frente solidariamente al importe de los gastos financieros originados a la citada mercantil hasta la completa amortización de la parte correspondiente al año 2000 de los dos anticipos reembolsables, así como en el importe de los gastos de financiación originados a la mencionada mercantil por el préstamo solicitado, calculado sobre un valor de 1,3 millones de euros, correspondiente al concepto de financiación propia empleado para el abono del resto del precio del contrato celebrado con Miami Free Zone.

Cabe señalar que a partir del próximo lunes, las partes del 'caso Rilco' comenzarán a presentar sus informes finales, estando previsto que el juicio, que se viene desarrollando en la Audiencia Provincial de Cádiz, quede visto para sentencia el jueves.