La Fiscalía de Lille, en el norte de Francia, ha pedido el sobreseimiento de la demanda contra Dominique Strauss-Kahn presentada en un presunto caso de proxenetismo, según informó este martes el diario Le Figaro.

El fiscal transmitió este martes su petición, un documento de 90 páginas en el que hace un análisis "radicalmente diferente del que hicieron los jueces que abrieron la investigación" sobre el exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI), asegura el diario.

La fiscalía exonera de cualquier responsabilidad a Strauss-Kahn en este caso, en el que se investiga a otras trece personas, agregó la fuente.

El pasado diciembre el Tribunal de Apelación de Douai (norte) había rechazado la demanda de Strauss-Kahn (DSK) para que se archivara la acusación que pesa sobre él por proxenetismo en el llamado caso del hotel Carlton de Lille.

La sala de instrucción del tribunal rechazó entonces las demandas de anulación de DSK y de los otros imputados en el escándalo de ese hotel a partir del cual se organizaban presuntamente juergas sexuales con prostitutas.

Los abogados de DSK han insistido en los últimos meses en que su cliente no sabía que las mujeres de las juergas en las que participaba eran prostitutas. El Ministerio Público, por el contrario, estimó en diciembre que la acusación estaba plenamente justificada por la existencia de "indicios graves y concordantes".

DSK protagonizó un escándalo anterior cuando en mayo de 2011 fue detenido dentro de un avión en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, cuando se disponía a viajar a París, después de que la Policía recibiera una denuncia por asalto sexual de Nafissatou Diallo, empleada de un hotel donde se alojaba Strauss-Kahn.

La mujer le acusó de haberla asaltado sexualmente de forma "sádica, intencionada, brutal y violenta" cuando entró a la habitación del hotel donde se hospedaba el entonces director gerente del FMI para limpiarla.

Su detención dio paso a un largo proceso penal del que finalmente Strauss-Kahn quedó libre de cargos a finales de agosto de 2012, aunque ese mismo mes los abogados de Diallo recurrieron a la Justicia civil con una querella para buscar una indemnización económica.

La operación realizada este martes en torno a Caravaca de la Cruz estaría relacionada con una pieza separada de los casos 'Líber' y 'Biblioteca', de presunta corrupción urbanística en Aledo y Librilla, respectivamente.

El juzgado que lleva la investigación es el titular de Instrucción número 6 de Murcia, Andrés Carrillo de las Heras, que ha decretado el secreto de las actuaciones. El magistrado ya abrió un procedimiento por cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos en el marco de la operación 'Biblioteca', que saltó a la luz pública en noviembre de 2008 en la localidad de Librilla.

En el marco de dicha operación, la UCO de la Guardia Civil practicó una decena de detenciones, entre ellas el entonces alcalde, José Martínez; y el concejal de Urbanismo y teniente alcalde, Pedro Martínez, para los que se decretó su ingreso en prisión.

Los orígenes se remontan al año 2004, cuando se adjudicó el PGOU a la mercantil Acadi S.L., cuyo propietario, el ingeniero Domingo Peñalver, fue también detenido en la primera fase de la operación. A partir de ese momento, se negociaron una treintena de ordenaciones pormenorizadas que desarrollaban el plan con los propietarios del suelo. Diversos indicios apuntaban a una trama de presunta corrupción que manejaría el funcionario de la Consejería de Presidencia, José Luis Cano, ya fallecido; y Peñalver.

Esta "trama", según el PSOE, se extendía por otros municipios, entre ellos Aledo y Caravaca. Y es que, "consecuencia de esta trama, según los socialistas, fue la polémica reclasificación del paraje de El Roblecillo, en Caravaca".

El PSOE denunció que esta empresa "consiguió que un paraje protegido como El Roblecillo, que no aparecía en el avance de la aprobación inicial ni provisional del Plan General de Caravaca, apareciera por arte de magia en la aprobación definitiva, saltándose así todos los controles medioambientales que exige la ley".

Posteriormente, en octubre de 2011 el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, en una segunda pieza de la operación 'Biblioteca', ordenó la puesta en libertad del alcalde de Aledo, Simón Alcaraz, detenido por agentes de la UCO de la Guardia Civil en el marco de la operación 'Liber', de presunta corrupción urbanística en la localidad.

Los detenidos por agentes de la UCO en esta segunda pieza de la operación 'Biblioteca', de presunta corrupción urbanística en Librilla, fueron el entonces alcalde de Aledo, Simón Alcaraz; así como la secretaria municipal y exsecretaria del Consistorio, Rosario Hita y Concepción P., respectivamente; y Domingo Peñalver, el que fuera propietario de la mercantil Acadi S.L., a la que se le adjudicó el PGOU de Librilla; entre otros.