La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha afirmado que el Dictamen del Banco Central Europeo (BCE) que pide al Gobierno de España medidas para frenar los desahucios "pone a las claras" que el Ejecutivo central "se ha quedado solo" en su "obcecado rechazo" a paralizar esta "sangría social".

Cortés ha reclamado al Gobierno de Mariano Rajoy que "deje de enredar" y "abandone una vez su obsesión" con el Decreto-Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda en Andalucía, asumiendo de una vez que es "impecable social y jurídicamente", y que se centre "en hacer algo útil de una vez".

"Numerosos colectivos sociales, singularmente STOP Desahucios y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), además de miles de ciudadanos llevan un lustro pidiendo por criterios sociales y humanitarios lo que el BCE reclama ahora por razones economicistas. El Gobierno no reacciona a ningún estímulo", ha señalado Cortés en la Comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento andaluz.

Cortés ha repasado el rosario de pronunciamientos sumados al mismo "clamor". En este sentido, ha mencionado el llamado Informe Almenar, encargado por el Consejo General del Poder Judicial, de Propuestas para la agilización y reforma de los procesos civiles; el elaborado por la relatora especial por el derecho a la vivienda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Raquel Rolnik; o el Informe de la Comisión Europea de febrero de 2012, que ya advertía que la Ley de Enjuiciamiento Civil no respeta el derecho de la Unión Europea "cuando no permite la oposición del afectado a la ejecución de su vivienda".

Pero la consejera ha señalado como "hito fundamental" la "histórica" sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, conocido como Tribunal de Luxemburgo. "En esencia —ha destacado Cortés— la sentencia de Luxemburgo establece que algunos aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Civil española, así como de la Ley Hipotecaria, por los que cientos de miles de personas han sido desalojadas de sus casas durante los últimos años, no son compatibles con la Directiva Europea de Protección de los Consumidores que se aprobó hace ya 20 años, en 1993, y vulneran la tutela judicial efectiva, impidiendo la oposición en el procedimiento del afectado por la ejecución hipotecaria".

Ante este "aluvión de voces y pronunciamientos. el Gobierno en vez de tomar nota continúa obcecado en políticas equivocadas e injustas", ha dicho la consejera, que ha lamentado que la mayoría en el Congreso que sustenta al Ejecutivo "dejase pasar lamentablemente" la oportunidad de aprobar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, "con casi 1,5 millones de firmas como aval", pretendía "hacer justicia" en política de vivienda.

Finalmente, la consejera ha reclamado al Gobierno, y especialmente al ministro de Economía, Luis de Guindos, que "deje de enredar" y "abandone su obsesión contra el decreto andaluz". "¿Qué fue de aquella historia de la carta de la Comisión Europea, o el email? ¿Qué fue de aquello? Porque incluso el Gobierno llegó a amenazar, esgrimiendo aquella comunicación misteriosa, con tomar medidas contra el decreto. Nada, señorías, no ha pasado nada", ha señalado Cortés, que ha reiterado que el Decreto-Ley es "plenamente garantista" en lo jurídico y "plenamente efectivo en lo social". "El intento de Gobierno de instrumentalizar a la Troika contra Andalucía ha sido lamentable y mezquino. Pero, finalmente, el Gobierno ha quedado en evidencia", ha concluido Cortés.