La Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales está elaborando un nuevo decreto que regulará el Registro Público de Asociaciones y Consumidores de Andalucía, en sustitución del anterior de 1986, potenciando y valorando su capacidad de autofinanciación, según ha anunciado en comisión parlamentaria el titular del departamento, Diego Valderas, en respuesta a una pregunta oral.

Asimismo, ha explicado que la futura norma va a adaptar y actualizar el decreto 32/1986 al actual marco normativo y permitirá abrir las puertas a las asociaciones que quieran desarrollar una actividad sectorial. Asimismo, supondrá un "paso significativo" en el aumento de la responsabilidad en la transparencia de las organizaciones de personas consumidoras en su condición de beneficiarias de recursos públicos y de reconocimientos legales.

Para Valderas, con el próximo decreto se producirá un "importante avance" en el objetivo de lograr una administración "más cercana, accesible y transparente" en materia de defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias.

En su intervención, ha pormenorizado los pasos que se están dando con el fin de garantizar la "máxima participación asociativa" y establecer un "cauce estable" de interlocución con la Junta. En la elaboración del decreto se ha tenido también en cuenta el trabajo realizado tanto en el ámbito del Estado como en el de otras Comunidades autónomas como Madrid, Cataluña y Euskadi para armonizarlo con las herramientas que se emplean en el conjunto del Estado.

Sobre el proceso de elaboración de la norma, el representante de la Junta ha indicado que los trabajos se iniciaron desde la Secretaría General de Consumo, en el último trimestre del año pasado con la constitución de dos mesas de trabajo que han permitido consensuar el texto que ha servido de punto de partida para el futuro decreto.

En este contexto, se ha dado trámite de audiencia al Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía y a la ciudadanía a través de las asociaciones de este ámbito reconocidas en el actual registro público, dándose traslado también a los grupos políticos con representación parlamentaria. El resultado de este trabajo ha sido la presentación de "un importante número de alegaciones al texto" que se están estudiando y que deberán ser ratificadas por los órganos preceptivos.

La Consejería de Administración Local y Relaciones institucionales prevé que el decreto esté aprobado y en vigor en el segundo semestre de este año. De este modo, se cumple uno de los puntos incluidos en el pacto de Gobierno entre PSOE-A e IULV-CA 'Acuerdo por Andalucía', así como en el I Pacto Andaluz por la garantía de los derechos de las personas consumidoras.

Por último, a modo de conclusión, el vicepresidente de la Junta ha señalado que la nueva regulación va a ampliar el ámbito de actuación de las organizaciones distinguiendo entre las de carácter general y las sectoriales, lo que se traducirá en un "reforzamiento de los derechos y garantías de las personas consumidoras y usuarias.