La presidenta del PSOE-A, Amparo Rubiales, ha asegurado este martes que su formación no le da "ninguna credibilidad" al testimonio del exchófer del que fuera director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, quien ha indicado en su declaración ante la juez Alaya que el exconsejero de Presidencia y diputado del PSOE por Jaén en el Congreso Gaspar Zarrías "llamó en varias ocasiones" a Guerrero para incluir a 'intrusos' en varias prejubilaciones.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Rubiales ha rechazado opinar sobre las declaraciones del exchófer de Guerrero, apuntado que es la juez Alaya quien está instruyendo el caso y a quien le corresponde por tanto valorar los distintos testimonios que vayan prestando los distintos imputados. En su opinión, no se debe valorar la instrucción de un caso mientras se está realizando, aunque sí una vez finalizada.

No obstante, la dirigente socialista sí que ha criticado la "lentitud" de la instrucción en el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), asegurando que "cuando la justicia es tan lenta es menos justicia". En esta línea, ha llegado a decir que "más que una instrucción parece una causa general".

Si bien, ha querido matizar estas palabras, señalando que cuando habla de causa general se trata de "una forma coloquial de explicar la lentitud en la instrucción de un caso que ya lleva más de tres años". Un periodo en el que, según ha subrayado, la Junta de Andalucía ha colaborado en todo momento con la Justicia.

"Una posición que contrasta con la del PP que ha sido expulsado del caso Gürtel porque parecía la defensa del señor Bárcenas", ha destacado Rubiales, quien ha afirmado que "manzanas podridas" hay en todas partes pero que no se puede comparar el caso de los ERE con el Gürtel, "donde están todos".

La presidenta del PSOE-A, que ha insistido en que en el caso de los ERE "no hay un grado de socialistas presuntamente implicados como para rasgarnos las vestiduras, y sobre todos sin nos comparamos con otros casos", ha indicado que será la Justicia quien tenga que determinar las posibles responsabilidades administrativas y penales.