El juicio por el denominado 'caso Rilco', que, entre otros, sienta en el banquillo de los acusados a dos exdelegados del Estado en la Zona Franca de Cádiz nombrados en su día por el PP, afronta su segunda semana con la declaración de los testigos, estando reservadas las sesiones de este lunes y del martes a los llamados por la acusación, que ejerce el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado en representación de la Zona Franca y el PSOE.

Así, este lunes está llamada a declarar María Teresa Mut, quien fuera consejera delegada de Rilco y directora general de Consorcio de la Zona Franca, que ha sido nombrada por varios de los acusados en las sesiones previas del juicio. También está citado Pablo de la Torre, jefe de proyecto de Rilco, y Adolfo Borrero y Rafael Cabello en representación de Telvent, empresa que colaboró en dicho proyecto y que llegó a ser adjudicataria de Rilco con posterioridad a Miami Free Zone.

Este martes tendrá lugar una de las declaraciones más esperadas, la del exdelegado especial del Estado para la Zona Franca José de Mier, nombrado en su día por el PSOE y con quien salió a la luz este caso. También están llamados a declarar ese día por la acusación Manolo Cabezas, técnico de Rilco encargado de la parte de pruebas; Pablo del Río, que fue secretario del Consejo de Administración de Rilco y que habría redactado pliegos y contratos, y, por último, Javier Carrión, quien fuera director de Miami Free Zone en España.

Cabe recordar que tras los extensos interrogatorios a los seis acusados del caso, el presidente de la Sala, Manuel Grosso, informó de una reprogramación de la agenda prevista para el juicio. Así, tras la declaración de los ocho testigos de la acusación será el turno de los 13 de la defensa, que pasarán por la Sala este miércoles y el jueves, estando reservada la jornada del viernes para la prueba pericial. Así, el juicio quedaría concluso para los informes, para los que se han reservado las jornadas del 17, 18, 19 y 20.

En las sesiones previas, los exdelegados especiales del Estado en la Zona Franca acusados, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, han defendido su gestión y han apuntado las responsabilidades que habrían tenido en el caso, como asesores que eran, los abogados del Estado Manuel Ponce y José Aurelio Ruiz Piña —este último está presente en el proceso como acusación—. El exdirector general de Rilco Rafael Ortiz, por su parte, ha defendido que su cargo era "nominal", que quien mandaba era Osuna y que él se limitó a tratar de vender, sin éxito, participaciones de Rilco a entidades privadas.

El exdirector general y exconsejero delegado de Rilco José David Sánchez de la Medina, también acusado, ha asegurado que "vio funcionar" Rilco y que cuando llegó De Mier a la Zona Franca hubo indicaciones para descalificar el proyecto haciendo pensar que "era un 'bluf'". Por su lado, el matrimonio compuesto por Germán y Camila Leiva, propietarios de Miami Free Zone, han afirmado que el proyecto se hizo, se entregó y se comprobó que funcionaba, lamentando que haya sido "guardado en un cajón" por posible arbitrio político. El matrimonio ha dejado claro que no tenía económicamente ninguna necesidad y que el único interés que tenían era participar en un "lindo" proyecto.

"la verdad"

En declaraciones a los periodistas antes del inicio de esta quinta sesión del juicio, Manuel Rodríguez de Castro, ha confiado que los testigos digan "la verdad" y, en consecuencia, se demuestre que "todo se hizo correctamente, que Rilco pudo haber sido un gran proyecto y que se manejó indebidamente" y, como consecuencia de ello, "se está enjuiciando un trabajo bien hecho".

Preguntado por la afirmación de su sucesor durante el juicio que le atribuía un gasto "alegre" del dinero del Consorcio, ha aclarado que el delegado especial del Estado en la Zona Franca "tiene por encima un pleno y un comité ejecutivo y, por tanto, es imposible que nadie haga una gestión alegre".

En este sentido, asevera que su gestión fue "sometida al estatuto y al reglamento del Consorcio, que son las leyes vigentes en el mismo desde 1929", las mismas que "cumplieron hasta donde creyeron oportuno" sus antecesores del PSOE y "las mismas leyes que aplicó el Ministerio de Hacienda, la Inspección de Servicios del Estado y que aplicó la Abogacía del Estado, queremos entender todos", apostilla. Sobre este último extremo, apunta que "vamos a descubrir si era así" durante el juicio.

Incide en que él, el pleno del Consorcio y el comité ejecutivo se sometieron a esas leyes durante los cinco años en los que estuvo al frente de la Zona Franca. "Cumplimos la ley, y la ley es el estatuto de la Zona Franca", sentencia.

Ha indicado Rodríguez de Castro que "todo el mundo estaba perfectamente informado de todo" lo que acontecía en Rilco y, además, los medios de comunicación iban dando cuenta de "las modificaciones, los logros y los éxitos que iba consiguiendo Rilco".

Así, concluye que "nada se ocultó, ni al público, ni al comité ejecutivo, ni al Ministerio de Hacienda, ni al Tribunal de Cuentas, ni a los auditores que aprobaron sus cuentas durante cinco años" y que, si en algún momento se llevan ante la Sala, demostrarán que "los beneficios fueron la norma" durante su mandato y que su gestión era "extraordinariamente buena, guste o no guste".

Finalmente, Rodríguez de Castro ha contestado en sentido afirmativo al ser preguntado sobre si el Tribunal Supremo ha admitido el recurso de casación presentado contra la sentencia del Tribunal de Cuentas que le condena, junto a Osuna, a abonar más de 4,3 millones de euros por "irregularidades" cometidas cuando estaban al frente del Consorcio, al considerar el Tribunal que son "responsables contables directos" del perjuicio causado a los caudales públicos.