El ex vicepresidente primero de CajaSur Salvador Blanco (PSOE), en nombre de los exconsejeros del PSOE en la entidad a los que la Audiencia Nacional (AN) ha confirmado las sanciones que les impuso el Ministerio de Economía, en relación a la operación de intervención ordenada por el Banco de España y ejecutada por el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) en 2010, ha lamentado este viernes que la mayoría del consejo de administración —el Cabildo, los impositores y el representante del personal— "arrastrara" a la situación actual de sanciones al votar por la intervención y no por la fusión con Unicaja y Caja Jaén, como sí hicieron ellos.

En declaraciones a Europa Press, el también actual portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba ha manifestado que la situación "se podía haber evitado", pues asegura que representaban "una posición de que la salida y solución ante la situación de debilidad y de crisis de la entidad, igual que la de otras muchas, era la fusión" y que por eso la defendieron y apoyaron, según ha subrayado.

No obstante, lamenta que "se impuso la mayoría, que pidió la intervención" del Banco de España y "normalmente siempre que se interviene una entidad financiera se abre expediente administrativo", ha explicado Blanco, quien recuerda que los exconsejeros habían recurrido a la Audiencia Nacional (AN) las sanciones administrativas del Ministerio de Economía y el Banco de España, si bien ahora la AN ratifica las mismas, que en su caso es de 78.000 euros.

En este sentido, recalca que "toda la situación se podría haber evitado", de modo que, "nos hubiéramos evitado muchos sufrimientos y fundamentalmente la opción que defendíamos hubiera sido mejor y CajaSur hoy existiría en una nueva entidad con Unicaja y Caja Jaén". Sin embargo, lamenta, "la mayoría del consejo no lo entendió así y nos ha arrastrado al resto a que nos veamos con las sanciones impuestas".

En cualquier caso, comenta que tienen "la conciencia tranquila", pues, "defendimos en todo momento lo que creíamos que era mejor para la entidad y para Córdoba, pero la mayoría creyó otra cosa y la desgracia es que ha arrastrado a todo el consejo", ha insistido Blanco, quien apunta que "no hay antecedentes en la historia de que un consejo de administración vote y pida que intervengan a una entidad".

Y es que, el consejo ante "una situación de crisis y debilidad" de la entidad lo que tiene que hacer es "buscar alternativas y soluciones", y a tal efecto "la alternativa era la fusión, como han hecho otras muchas entidades en España, la inmensa mayoría de las que tenían problemas", según ha destacado el ex vicepresidente primero de la entidad, quien considera que "era inconcebible que se votara que intervinieran".

En este caso, aclara que "si no hay intervención no hay sanciones", y por ende, "si hay soluciones, no hay expediente abierto, porque se ha gestionado adecuadamente y se han buscado soluciones a una problemática general", como es "la crisis que vivimos, que en el 90 por ciento de las entidades de estas características han tenido problema y la mayoría han buscado soluciones".

En definitiva, destaca que los exconsejeros ahora sancionados querían "buscar soluciones y estaba aprobada la fusión por los organismos, como era el Banco de España, pero la mayoría del consejo de CajaSur, con el Cabildo, los impositores y el representante del personal optaron por pedir la intervención y esa mayoría nos ha arrastrado" a la situación de sanciones, ha apostillado.

Multas de 535.000 EUROS

De este modo, la Audiencia Nacional ha desestimado un recurso colectivo interpuesto por el grupo de 12 exconsejeros que representaban a las administraciones públicas —Diputación, ayuntamientos y Junta de Andalucía— en el consejo de administración de la entidad, y para los que la cuantía sumada de las sanciones alcanza un montante de 535.000 euros.

Entre los consejeros a los que la última sentencia mantiene las multas se incluyen dos exvicepresidentes, concretamente el vicepresidente primero, Salvador Blanco —PSOE, nombrado en representación de la entidad cofundadora, la Diputación—, y el vicepresidente tercero, Juan Ojeda —PP, nombrado en representación de la Junta de Andalucía—, a los que se ratifica la multa de 78.000 euros y 74.000 euros, respectivamente.

De este modo, los tres vicepresidentes que tuvo CajaSur en su última etapa han visto ratificada su sanción, puesto que la primera de las sentencias —publicada a finales de febrero— rechazó el recurso del vicepresidente segundo, el canónigo Fernando Cruz-Conde, y le confirmó la multa de 140.000 euros por las cuatro infracciones que le atribuyó el Banco de España y mantuvo el Ministerio de Economía.

Junto a los dos citados figuran otros seis exconsejeros de la última etapa de la caja que votaron, como ellos, a favor de la fusión con Unicaja que hubiera impedido la quiebra, intervención y subasta de CajaSur. Se trata de Andrés Hens (IU), Juan Pablo Durán —secretario general del PSOE cordobés entonces y ahora y actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital—, María Ángeles Delgado (PSOE), Encarnación Ortiz —PSOE, exalcaldesa de Priego—, José Luis Bergillos —PSOE, exalcalde de Lucena— y Luisa Ruiz —PSOE, exalcaldesa de Peñarroya—. A todos ellos se les atribuyen dos infracciones, la primera por no haber mantenido mecanismos eficaces de control interno y de los riesgos y la segunda por haber superado la caja los límites de grandes riesgos establecidos por la normativa. Sus sanciones oscilan entre los 20.000 y 64.000 euros.

Mientras, los otros cuatro sancionados de este grupo de 12 que se unió para una defensa común pertenecen a consejos de administración anteriores, dado que el expediente del Banco de España abarca a los 35 exconsejeros y a tres de los cinco directores generales de CajaSur que tuvieron mandato entre julio de 2005 y mayo de 2010. A estos cuatro se les atribuye una única infracción, la referida al control de riesgos, con multas que oscilan entre los 20.000 y los 51.000 euros, más bajas para Francisco Cárdenas (IU) y María José Lara (PSOE) por pertenecer a etapas más remotas, y más elevadas para el exalcalde de Córdoba Andrés Ocaña (IU) y el exalcalde de La Carlota Francisco Pulido (PSOE), que terminaron su mandato en el año 2008.