El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha exigido por escrito a la Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía que aclare que serán funcionarios los que asumirán las funciones en materia de Dependencia que iban a ser delegadas a externos por una contratación, ahora paralizada.

Según indica en una nota el sindicato, el SAF denuncia que este tipo de tareas "sean trasladadas al seno de la Agencia, donde el personal es externo a la Administración y proveniente de las extintas fundaciones FASS y Fadais", toda vez que considera que la externalización "despoja a la Administración Pública de las funciones que la Constitución, las leyes y la jurisprudencia han decidido que deben ser ejercidas por funcionarios, sujetos a los límites y controles que el derecho constitucional y administrativo impone en aras de una mejor protección del interés público".

Ha recordado que en respuesta al recurso interpuesto por el Sindicato Andaluz de Funcionarios en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 de Sevilla, la Junta de Andalucía "anuló una licitación para la contratación de servicios de grabación de solicitudes de reconocimiento de Dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y de resoluciones aprobatorias y revisiones de los Programas Individuales de Atención (PIA), con un presupuesto base de 199.280 euros (IVA excluido) y plazo de ejecución de 12 meses, mediante tramitación urgente y procedimiento abierto".

Lamenta que la resolución del director gerente que declara la renuncia a la celebración del mencionado contrato "sólo menciona que 'se considera más conveniente que los servicios que son objeto de la presente contratación se lleven a cabo con medios propios de la Agencia"; no hay referencia al personal de la Agencia que asumirá las competencias, ni siquiera a que deba ser empleado público".

Por ello, SAF exige que "se determine la reserva de las potestades públicas al personal funcionario, como garante de los intereses generales y cumpliendo la legislación vigente al respecto".

El Sindicato Andaluz de Funcionarios aclara que es el segundo escrito que presenta sobre este tema y lamenta que transcurridos más de seis meses aún no ha tenido respuesta.

Apunta que, a pesar de las continuas vías de diálogo abiertas por el Sindicato Andaluz de Funcionarios, "la Administración continúa omitiendo información e ignorando por completo no sólo los escritos presentados, la mayoría sin respuesta positiva o negativa, sino los derechos e intereses de los funcionarios defendidos en los mismos".

Aunque SAF reconoce el ahorro económico que supone la anulación de esta contratación externa conseguido a través de su denuncia y que la organización sindical ya denunció como parte de una tercera administración paralela, no está conforme con la "falta de claridad" a la hora de asegurar que las funciones "serán llevadas a cabo por funcionarios públicos".

Por ello, el Sindicato Andaluz de Funcionarios muestra su necesidad de "seguir luchando por y para los funcionarios y garantizar un servicio público real a los ciudadanos".

Asimismo, SAF se reserva el derecho de "cuántas actuaciones legales estime oportunas, incluida la penal, si efectivamente se llevara a cabo una posible usurpación de potestades públicas".