Intersindical presenta recursos en nombre de 776 persones contra la supresión de la extra de Navidad de 2012

Los servicios jurídicos de Intersindical Valenciana han presentado este martes 14 recursos contencioso administrativos ante los juzgados de Alicante, Castellón, Elx y Valencia, contra la resolución de 27 de mayo, que denegó los recursos de alzada y las reclamaciones de cantidad que presentaron las personas que trabajan en los cuatro sectores dependientes de la Generalitat --administración de Justicia, administración de la Generalitat, enseñanza pública no universitario y sanidad-- contra la supresión de la paga extra de Navidad de 2012.

Los servicios jurídicos de Intersindical Valenciana han presentado este martes 14 recursos contencioso administrativos ante los juzgados de Alicante, Castellón, Elx y Valencia, contra la resolución de 27 de mayo, que denegó los recursos de alzada y las reclamaciones de cantidad que presentaron las personas que trabajan en los cuatro sectores dependientes de la Generalitat —administración de Justicia, administración de la Generalitat, enseñanza pública no universitario y sanidad— contra la supresión de la paga extra de Navidad de 2012.

Los recursos, que comprenden 776 personas, se han presentado el último día posible, para permitir que un mayor número de personas pudieran participar. De éstas, 185 corresponden a las presentadas en Alicante, 50 en Elx, 62 en Castellón y 479 a los juzgados de Valencia, según ha informado el sindicato en un comunicado.

La pretensión de los contenciosos es que se declare la nulidad de la supresión de la paga extra de Navidad de 2012 para el personal al servicio de la Generalitat o, subsidiariamente, que se declare la obligatoriedad de pagar la parte correspondiente al periodo que se devengó hasta la entrada en vigor del decreto ley 20/2012, del Gobierno central, que anuló la paga extra de diciembre del personal público, lo que supone una cuarta parte del importe total.

Los recursos pretenden, además, la suspensión de los procedimientos hasta que el Tribunal Constitucional conteste a las cuestiones de constitucionalidad que le han planteado, entre otras, la Audiencia Nacional, el TSJ de Castilla y León y el TSJ de Madrid. Para los servicios jurídicos de Intersindical Valenciana, "es de toda lógica de economía procesal que las demandas suspendan sus ordinarias tramitaciones hasta que se conozca el sentido de la resolución del Tribunal Constitucional al respeto".

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