El alcalde de El Garrobo (Sevilla), Bernardo Halcón (PSOE), ha enmarcado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, aprobado en el año 2005, la obra de construcción de dos muros en una finca particular sobre la que la Fiscalía de Sevilla ha abierto una investigación que ha incluido además una denuncia contra el regidor por presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

En declaraciones a Europa Press, Halcón ha defendido este viernes la legalidad de esta actuación, ya que con ella, según ha explicado, lo que se hizo fue desarrollar una obra prevista en el PGOU, la de ampliar "de tres a cinco metros" la anchura de un "callejón" del municipio.

Esa actuación requirió, según ha indicado, "comerle dos metros al terreno" de esa finca, por lo que, "en compensación", el Ayuntamiento acordó con el propietario de la misma —que es marido de la prima de la concejal de Urbanismo, María del Mar Jiménez, que también ha sido denunciada por los mismos supuestos delitos— construir los referidos dos muros.

En ese sentido, el regidor ha reconocido y justificado la utilización de fondos públicos municipales para la realización de esta obra, ya que, según ha subrayado, no se trataba de una actuación particular sino pública, "al amparo del PGOU", de forma que "no hay prevaricación de ningún tipo", y era el Ayuntamiento el que había llevado a cabo "la permuta".

Además, Halcón ha indicado que, después de que la Fiscalía solicitase información al respecto, desde el Ayuntamiento se le ha enviado al Ministerio Público planos que muestran la situación en la que se encontraba el "callejón" antes de esta obra y después.

Con todo, el alcalde no se ha mostrado "sorprendido" por la interposición de esta denuncia, que, según ha reconocido, "no es la primera" a la que se enfrenta, y tampoco que haya surgido a raíz de una investigación del PP del municipio, porque ese grupo "denuncia a todo el mundo".

Por su parte, el portavoz 'popular' de El Garrobo, Sergio Pérez, ha defendido su denuncia porque "el uso de las instituciones públicas para la obtención de beneficios particulares daña irreparablemente los intereses ciudadanos y se aleja de lo que es la verdadera política que tiene que estar al servicio público".