El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha mostrado su convencimiento de que los ayuntamientos del PP-A valorarán positivamente el decreto-ley contra la exclusión social aprobado por la Junta y terminarán pidiendo su continuidad en años posteriores.

En respuesta a una pregunta oral formulada en el Pleno del Parlamento por el PSOE-A, Valderas ha asegurado que el Gobierno andaluz trata a los ayuntamientos "por igual", independientemente del color político, ante una situación de "emergencia social".

Asimismo, ha indicado que su departamento no tiene conocimiento del informe jurídico del que ha hablado la presidenta en funciones de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Ángeles Muñoz, en relación al citado decreto. "Pero el efecto que pudiera tener es absolutamente ninguno porque ante una normativa de este rango sólo se puede actuar en el Tribunal Constitucional", ha advertido.

No obstante, el vicepresidente ha manifestado que la presidenta en funciones de la FAMP está en su derecho de solicitar cuantos informes le permitan "ilustrarse" sobre este decreto-ley. Ha dicho esperar que estos le sirvan para comprobar la naturaleza social de esta normativa y su profundo compromiso con la mayoría social.

Por su parte, el diputado del PSOE-A Manuel Jiménez Barrios ha considerado que el informe jurídico que anunció Muñoz solo supone una estrategia para combatir un decreto "pionero" y ha criticado que el PP-A utilice a los ayuntamientos "en beneficio de una estrategia partidista". "Muñoz debería haberse reunido con el consejero para abordar este asunto y también convocar a la Ejecutiva de la FAMP", ha señalado.

Para el parlamentario socialista, al PP se le desmontan los argumentos porque decía que el PSOE-A utilizaba la FAMP en función de su interés político, "lo que ahora hacen los populares". Y es que, según ha insistido, la FAMP está siendo usada de manera "fraudulenta", e incluso se podría decir que se está haciendo "fracking".