El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ha anunciado este miércoles que se departamento está trabajando en un documento con las medidas fundamentales que la Junta de Andalucía considera que deben incorporarse al paquete legislativo en materia de energía que tiene previsto presentar el Gobierno de España en los meses de junio y julio, según informó el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en la reunión de la Conferencia Sectorial celebrada el pasado lunes.

Los principales objetivos que persigue la propuesta de la Junta son "lograr mayores cotas de estabilidad, seguridad y transparencia, a la vez que menor dependencia y precio de la energía", según ha señalado Ávila, quien también ha destacado que "la factura de los consumidores debe tenerse en cuenta y, la de las empresas, debe considerarse como un factor de competitividad".

El consejero ha dado estas explicaciones ante el Pleno de la Cámara autonómica, donde ha dado cuenta del resultado de la Conferencia Sectorial así como sobre el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno andaluz presentó el pasado 25 de marzo contra las medidas del Gobierno de España en materia energética, que fue aceptado a trámite el pasado 23 de abril.

Tras conocer de primera mano las explicaciones del ministro, el titular de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha lamentado que el Ministerio centre su política en el déficit de tarifa y en culpabilizar de éste al apoyo dado a las energías renovables.

En ese contexto, Ávila defendió en Madrid la necesidad de recuperar actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energéticas que, a su juicio, han sido "prácticamente abandonadas" durante 2012 y apoyar las renovables de forma decidida, teniendo en cuenta que las decisiones sobre renovables actúan como una política regional implícita.

"Penalizar a las termosolares implica penalizar sobre todo a Andalucía", ha señalado Ávila. "También invité a utilizar esta materia para generar confianza a inversores en el sector, anulando las incertidumbres que se han generado", ha añadido el titular del ramo.

El consejero de Economía ha lamentado que el Gobierno de España cambie las reglas del juego "sin coordinar sus propuestas con las comunidades autónomas ni con el sector o las empresas". Según ha apuntado, estas decisiones han causado "el estupor general, especialmente de los fondos de inversión internacionales que han financiado parte de las instalaciones de renovables y con una asombrosa capacidad para modificar sucesivamente la legislación".

Es en este contexto, ha explicado, en el que el Gobierno de Andalucía "reacciona" y decide interponer recurso de inconstitucionalidad contra tres normas estatales: la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, el Real Decreto-Ley 29/2012 y el Real Decreto-Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero.

44.000

Empleos en juego

A su juicio, estas normas son "un paso atrás en medioambiente y desarrollo sostenible, ponen en riesgo el sector de las energías renovables y afectan diferencialmente a Andalucía porque perjudican más a la energía termosolar, en la que Andalucía representa más del 60 por ciento del total nacional".

Del mismo modo, hace peligrar las plantas de biomasa, en la que también Andalucía es la primera comunidad. Según las cifras facilitadas en el Pleno del Parlamento andaluz, estas normas afectan a más de 7.800 instalaciones y amenazan la supervivencia de 1.400 empresas y 44.000 empleos, afectando a casi 12.000 millones d euros de inversiones que podrían generar empleos directos para más de 38.000 personas en instalaciones ya priorizadas por la Junta de Andalucía.

Ávila ha considerado que el Gobierno de Rajoy "ha cargado contra un sector estratégico" tanto con la moratoria en las primas como con el impuesto horizontal del siete por ciento por generación eléctrica aprobado a través de la Ley 15/2012, que define un impuesto del siete por ciento a los ingresos por generación eléctrica. El consejero considera que la Ley vulneran el principio de seguridad jurídica, en la vertiente de la confianza legitima y es contrario a los principios de planificación energética estable fijados por la UE.

En cuanto al Real Decreto-Ley 29/2012, que fija nuevos criterios a proyectos que ya se han sometido a tramitación, el consejero ha sostenido que la fórmula de Decreto-Ley es utilizada incorrectamente, puesto que no responde a una urgente necesidad y vulnera el principio de seguridad jurídica y de irretroactividad de disposiciones sancionadoras o desfavorables. Del mismo modo, afecta a proyectos que ya se han sometido a una tramitación determinada para obtener la autorización definitiva, que en Andalucía son 13.

En cuanto al Real Decreto-Ley 2/2013, que sustituye el IPC normal por el subyacente para actualizar la retribución de los productores, la Junta entiende que suprime la libertad de elección de las empresas relativa a la forma de retribuir la energía generada, utiliza incorrectamente la fórmula de Decreto-Ley y vulnera el principio de seguridad jurídica y de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras y restrictivas de derecho. Cambia el sistema de retribuciones desde 1 de enero de 2013 y se aplica con efectos retroactivos a instalaciones que han estado operando hasta la entrada en vigor de esta norma.

PP-A

Critica la actuación "demagógica y populista" de junta

En el turno de intervención de los grupos, el diputado del PP-A José Juan Gázquez ha mostrado la sorpresa de su formación porque el Gobierno andaluz haya presentado en 2013 un recurso al TC contra las medidas del Gobierno en materia energética y no lo hiciera en el año 2009 cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, lo que, en su opinión, se debe a "la confrontación, la demagogia y el populismo".

El parlamentario 'popular', que ha considerado necesaria la reforma del sector energético en España, ha considerado que hay que poner límites "porque si no vamos a subvencionar más de lo que supone el gasto de la sanidad pública en España". Según ha destacado, el último gobierno socialista reconoció que provocó "más de 24.000 millones de déficit tarifario".

Por su parte, el diputado del PSOE-A Paulino Plata ha asegurado que el sector energético es "estratégico" y tiene un gran potencial de futuro "si el Gobierno del PP no lo pone en riesgo, como está haciendo desde hace año y medio con medidas que amenazan gravemente a las empresas existentes y a las que podrían invertir en este sector".

Tras indicar que éste es un sector que ya tiene problemas estructurales serios con factores propios y otros derivados del comercio internacional, Plata ha considerado que la Conferencia Sectorial de Energía ha evidenciado "la vuelta al pasado y la marcha atrás" que el Gobierno central pretende llevar a cabo.

Finalmente, el diputado de IULV-CA Ignacio García ha lamentado el resultado de la Conferencia Sectorial de Energía, que ha servido para poner a las claras la política "errática y rancia" en materia energética del Gobierno central. En su opinión, el Ejecutivo de Rajoy pretende retroceder 20 años en materia de política energética y consagrar una filosofía basada en el gestión de la oferta, en vez de la demanda, "que es lo que necesita nuestro planeta".