UGT ha advertido de que la privatización de los registros civiles podría implicar que los ciudadanos deberían empezar a pagar por unos servicios que hasta ahora eran gratuitos -porque se sufragaban mediante impuestos- como las partidas de nacimiento, matrimonio o defunción, que costarán entre 20 y 30 euros.

El sindicato también ha alertado de que esta privatización podría suponer la supresión de 50 puestos de trabajo en Baleares y, por ello, este martes ha realizado una recogida de firmas en la plaza España de Palma en el marco de la campaña que realiza a nivel nacional.

Así, el sindicato de Justicia de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) ha mostrado su temor ante la posibilidad de que la privatización de los registros que planea el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, conlleve la eliminación de medio centenar de puestos de trabajo en la Administración de Justicia de Baleares, así como la desaparición de los Juzgados de Paz en los pueblos de las islas.

La organización ha asegurado que, si se permite que sean los registradores de la propiedad los que realicen las funciones de los Registros Civiles, los ciudadanos tendrían que empezar a abonar unos servicios que actualmente son gratuitos.

Por ello, el sindicato se ha sumado a una campaña nacional de recogida de firmas, entre los trabajadores de Justicia y la ciudadanía en general, con el objetivo de evitar el inicio de la privatización de los servicios de justicia en España.

Asimismo, la FSP-UGT ha asegurado que la privatización de los Registros Civiles no implicará ningún tipo de ahorro ya que los funcionarios que trabajan en éstos continuarán en los juzgados y que quienes se beneficiarán de este proceso serán los alrededor de 800 registradores de la propiedad que hay en España.

"Estos 800 registradores se repartirían 180 millones de euros más al año, mientras que en el resto de Europa son asalariados del Estado", ha subrayado el sindicato, que también ha añadido que esta privatización se producirá después de que se hayan gastado unos 128 millones de euros públicos en la modernización de los Registros Civiles, "por lo que esta inversión pública sería aprovechada por una gestión privada sin ningún tipo de coste para los registradores de la propiedad", concluye.