El secretario autonómico del Sector Público Empresarial, Bruno Broseta, ha manifestado que la Fundación V Encuentro de las Familias -que organizó el evento en 2006 y en cuyo patronato están Arzobispado, Generalitat, Ayuntamiento y Diputación de Valencia— "debería haberse extinguido" y, además, ha descartado realizar "aportaciones adicionales" para saldar la deuda de la entidad, dado que la administración autonómica ya abonó dos millones de euros en 2010, un 25 por ciento de lo adeudado, de acuerdo con su participación en esa fundación.

En su comparecencia sobre este tema en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de las Corts, a petición propia y acumulada a la comparecencia del conseller de Economía solicitada por Compromís, ha urgido al Arzobispado a convocar el Patronato de la entidad para que se reúna "con la mayor brevedad" a "resolver estos temas".

Broseta ha recalcado que "no es una fundación pública" y que "es necesario declarar la extinción y proceder a liquidarla, que es cuando hay que abordar la deuda pendiente", que asciende a 4,1 millones de euros según las cuentas de 2011, puesto que "lleva desde 2007 en supuesto legal de extinción", como habían señalado previamente desde la oposición.

En cuanto al desembolso total del Consell requerido por la representante de Compromís, Mònica Oltra, ha indicado que consiste en 10.000 euros iniciales y otros dos millones aportados en 2010 para asumir su parte de las pérdidas acumuladas por importe de 7,9 millones. "La Generalitat puso dos millones y el resto de patronos, que sepamos nada", ha agregado Broseta, quien ha defendido que "la Generalitat entiende que ya ha cumplido con este requisito" y que "en absoluto" contempla realizar nuevas aportaciones "porque existen otras prioridades".

Tras estas afirmaciones, Ignacio Blanco (EUPV) ha opinado que la Generalitat "ha hecho 'un Betoret y un Campos', ha ido antes de que los otros fueran, y los demás un Ricardo Costa", ha dicho el parlamentario en referencia a la diferente postura que adoptaron los entonces imputados en la llamada 'causa de los trajes' dentro del 'caso Gürtel'.

A su vez, Oltra ha reivindicado que "la responsabilidad política va mucho más allá del porcentaje" mientras que el representante del PSPV, Jordi Serra, ha puesto en duda la "transparencia" con la que ha actuado el Consell en todo lo relativo al V Encuentro Mundial de las Familias y ha exigido "respuestas para saber exactamente lo que pasó, dejando de lado todas las cuestiones judiciales y de tramas corruptas, sobre las que ya dirán los juzgados", ha apostillado.

En la réplica, Broseta ha defendido que "la Generalitat no pretende escurrir el bulto ni pasar la patata caliente a nadie", al tiempo que ha asegurado que desconoce tanto si existen problemas internos en el seno de este organismo como "a quién se le debe" esa cuantía pendiente.

"las decisiones las toma el consell"

En otro orden de cosas, en cuanto a la información sobre los servicios de asesoramiento de Deloitte en la reestructuración del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat solicitada por EUPV, Broseta ha detallado el trabajo de la consultora y ha insistido en que "las decisiones las toma el Consell", en un proceso que "es una decisión política del PP" y que "no se plasma en ningún documento de consultoría, sino en el decreto ley 7/2012, ahora ley".

Broseta ha rebatido las críticas de la oposición por los "errores" detectados en el informe elaborado por Deloitte, subsanados por la empresa y que ha calificado como "inmateriales", al tiempo que ha subrayado que ese documento "no va a peso" y se encargó a la consultora porque conllevaba una cantidad de trabajo "imposible de manejar" para la administración.

De la reestructuración, ha lamentado que implique "un número de despidos tan elevado", se ha referido a la nulidad de los ERE de Vaersa y la Agencia Valenciana de Movilidad como "una contrariedad" y ha recalcado que "lo más relevante no son las reducciones de personal en términos cuantitativos, hay otras partidas que han bajado mucho más", en alusión a la caída en un 33 por ciento en gastos de funcionamiento y del 25 por ciento en personal de 2011 a 2013.

"retraso" del plan de distribución de cargas de trabajo

Por su parte, el secretario autonómico de Administración Pública, Pedro García Ribot, ha informado previamente en esta comisión, a petición del PSPV, sobre el Plan de redistribución de cargas de trabajo anunciado en noviembre para el personal de la Generalitat —salvo el de sanidad, educación, justicia y sector público empresarial— a fin de acometer un reparto "más efectivo, ágil y eficaz" de los efectivos y generar una "nueva percepción" de estos trabajadores como "agentes solucionadores", que huya de "estereotipos propios de modelos trasnochados".

Ante las críticas de la oposición por el retraso de esa iniciativa, prevista para el primer trimestre, ha asegurado que el documento "está redactado y se va a pasar a los sindicatos muy en breve". "El diagnóstico está hecho, el método también, ahora hay que empezar a negociar con los sindicatos y hacerlo definitivo", ha apuntado García Ribot, quien achaca el "mes y pico de retraso" a la intención del Consell de "hacerlo bien", sin "precipitación", para que sea "un modelo de éxito". "Y para ser lentos, somos los más rápidos de España", ha agregado.

A propuesta de EUPV, se ha abordado asimismo la investigación realizada por la Inspección de Servicios respecto a la posible cesión ilegal de trabajadores al Consell desde empresas públicas o a través de asistencias técnicas que, según García Ribot, ha dado como resultado la elaboración de unas "recomendaciones, a modo de instrucciones, sobre buenas prácticas para la contratación de servicios y de encomiendas de gestión a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de trabajadores", que "serán de obligado cumplimiento y estricta observancia".

Trece sentencias por cesión ilegal de trabajadores

García Ribot ha indicado que hay 13 sentencias judiciales favorables a técnicos agrarios, operadores informáticos, psicólogas y auxiliares de gestión e investigación que consideraban conculcados sus derechos y denunciaron. Además, ha recalcado que "todo lo que no es ilegal, es legal y por tanto, todos los contratos que no incurran en ninguna ilegalidad, son legales", punto en el que ha indicado que "no se ha encontrado nada que contravenga la legislación, aunque sí cosas perceptibles, como se puede encontrar en cualquier ámbito de la vida".

En la réplica, los grupos de la oposición han criticado esa afirmación sobre la legalidad y, además, Ignacio Blanco (EUPV) le ha reprochado asimismo que elaboren "un manual del blanqueo del fraude", Rafael Rubio (PSPV) que no actuasen ante el informe del viceinterventor general de control financiero acerca de esas contrataciones y Mireia Mollà (Compromís) que desconozca en cuántos procesos está denunciada la Generalitat por esta cuestión.