El Juzgado de lo Social número 2 de Palma ha estimado una demanda interpuesta por los servicios jurídicos de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) y ha declarado improcedente el despido de dos empleados del Servicio de Emergencias 112, por lo que ha condenado a la empresa GEIBSAU a readmitirles en su puesto mediante el procedimiento de amortización de plazas o a pagarles una indemnización de 45 días por año trabajado, lo que supone 17.581 euros en un caso y 23.656 euros, en el otro.

Concretamente, el juez declara los despidos improcedentes, porque la empresa pública, dependiente del Govern, no cursó los despidos como objetivos por causas económicas, técnicas y organizativas.

En este sentido, la FSP-UGT ha manifiestado, a través de un comunicaco, que esta nueva sentencia vuelve a darle la razón en que el cese de los trabajadores indefinidos no fijos del sector público "no puede llevarse a cabo mediante amortización de plazas sin más y en que no se puede despedir sin indemnizar".

Asimismo, ha destacado que la resolución judicial coincide en una de las tesis plateadas por la FSP-UGT en su demanda ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) contra el conjunto de despidos en las empresas públicas por "no haberse realizado un proceso unitario de reestructuración".

"Siendo un problema que concierne a múltiples empresas públicas distintas, es adecuado un proceso unitario para así poder ser enjuiciado el conflicto creado en el seno de la administración sin la generación de múltiples despidos objetivos individuales", según establece la citada sentencia.

En este sentido, para la FSP-UGT, el juez expone la idoneidad de abordar el proceso de despidos desde la perspectiva colectiva por considerar a la administración como un ente público único.

Por otra parte, la organización sindical reitera su "confianza" en que su demanda contencioso-administrativa ante el TSJB prospere y que resuelva que el procedimiento para despedir a más de 600 trabajadores de las empresas públicas utilizado por el Ejecutivo autonómico "no se ha ajustado a derecho y, por tanto, que la totalidad de los despidos son nulos".

Finalmente, la FSP-UGT ha pedido al Govern que "reflexione y rectifique" todo el proceso de reestructuración para garantizar, tanto los derechos de los trabajadores, como para evitar un "grave quebranto" a las arcas públicas de la Comunidad Autónoma.