La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha reclamado este lunes al Gobierno que "aclare de una vez todas qué le ha comunicado la Comisión Europea, cuándo, en qué términos, en qué forma y con qué fin" en relación con el Decreto-Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el pasado 9 de abril.

"El Gobierno central está utilizando a la Troika para justificar su oposición al Decreto-Ley y para intentar inocular un miedo completamente infundado a sus posibles consecuencias. Lo que no han podido hacer con la Constitución en la mano, porque el Decreto-Ley es impecable jurídicamente, lo quieren hacer esgrimiendo el memorando del rescate financiero", ha añadido Cortés, que ha recordado que "no hay ningún texto" por encima de la Carta Magna.

Según indica la Junta en una nota, Cortés considera que "lo que tienen que hacer el Gobierno, la Comisión Europea y la Troika es acatar la voluntad de la ciudadanía andaluza", expresada a través del Parlamento, donde el Decreto-Ley ha sido validado sin votos en contra y donde se debatirá ahora como Proyecto de Ley.

"El artículo 9.1 de la Constitución es muy claro y dice que 'Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico'. Y el memorando no es ordenamiento jurídico en modo alguno", ha añadido Cortés, que ha señalado que "si el Gobierno quiere actuar contra el Decreto-Ley, que al menos lo haga a cara descubierta, sin emplear el discurso del 'no tengo otra opción'; claro que hay otras opciones".

Cortés, acompañada de Amanda Meyer, secretaria general de Vivienda de la Consejería, ha visitado este lunes en Barcelona el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambas se han reunido allí con su presidente, Jordi Borja, y otros responsables del mismo para informarse sobre su actividad, centrada en la defensa de los derechos humanos, entre ellos el derecho a la vivienda, y explicar el Decreto-Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda.

"En relación con el Decreto-Ley andaluz ya sabemos qué opinan la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, y el ministro de Economía, Luis de Guindos, que parecen dispuestos a malvender soberanía a cambio de privilegios para la banca. Querríamos saber qué opina la ministra de Fomento, Ana Pastor, que es la responsable de vivienda en el Gobierno", ha señalado Cortés, que ha destacado que el "protagonismo" de De Guindos en este asunto revela que el Gobierno "sigue considerando la vivienda un mero activo en el balance de los bancos y no un derecho humano". "Es obvio que no han tomado nota de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo", ha añadido Cortés.