La Fiscalía solicita un total de 41 años de prisión para seis miembros de una red que se dedicaba a fabricar y clonar tarjetas de crédito con el objetivo de comprar con ellas artículos en tiendas de lujo, que posteriormente revendían en el mercado negro. Mediante este 'modus operandi', los acusados defraudaron un total de 45.500 euros, hechos por los que serán juzgados este miércoles, a las 9.30 horas, por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma.

En concreto, el Ministerio Público les atribuye la comisión de delitos de fabricación de moneda falsa, continuado de estafa, falsificación de documento oficial, falsedad continuada en documento mercantil y receptación. Según sostiene en su escrito de calificación provisional, los procesados, de nacionalidad rumana, operaron en Mallorca al menos durante medio año, más en concreto entre noviembre de 2006 y mayo de 2007.

Tal y como relata la acusación, los acusados lograban clonar las tarjetas al colocar dispositivos especiales en cajeros automáticos, mediante los cuales conseguían obtener los datos de las bandas magnéticas de las tarjetas originales, así como su número pin, que posteriormente copiaban en soportes plásticos similares previamente confeccionados para que pudieran utilizar los nuevos dispositivos bancarios ya falsificados.

Una vez que compraban en distintos establecimientos, los artículos eran después revendidos en el mercado negro a un precio inferior al original, bien mediante extracciones fraudulentas realizadas en cajeros automáticos o adquisiciones irregulares de servicios, obteniendo de tales modos el beneficio económico final.

Así, en noviembre de 2006, cuando tres de los acusados -acompañados de otra mujer declarada en rebeldía- fueron detenidos en el puerto de Palma a punto de tomar un ferry a Barcelona, se detectó que en las tres maletas que llevaban portaban efectos como perfumes, ropa, relojes y teléfonos móviles, además de un total de 3.925 euros.

Asimismo, en uno de los registros practicados en el marco de esta causa, que fue instruida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, se ocuparon una impresora multifunción, un ordenador portátil, una plastificadora, papel fotográfico, varias fotos y una tarjeta de acceso a Internet, todo ello, según la Fiscalía, destinado a la fraudulenta elaboración de documentos de identidad falsos y que eran utilizados para las posteriores compras.