La comisaria de Pesca, Maria Damanaki, ha dicho que ve "posible" este lunes un acuerdo entre los gobiernos europeos y la Eurocámara para reformar la Política Pesquera Común (PPC) y combatir la sobrepesca, pese a que las dos instituciones mantienen posiciones bastante alejadas en cuanto al rigor con el que aplicar algunos de los principales cambios de dicha reforma.

"Es posible un acuerdo hoy. Creo que podemos tener un acuerdo sobre una política pesquera sostenible, una nueva política que frene la sobrepesca y que acabe con los descartes", ha declarado Damanaki a la prensa tras visitar la instalación de protesta que varias asociaciones ecologistas han colocado a las puertas del Consejo para reclamar una pesca sostenible.

Damanaki ha insistido en que "es posible" reformar la PPC para "proteger los recursos" pesqueros de la Unión Europea "y al mismo tiempo ofrecer a los ciudadanos buen pescado que comer".

Los ministros de Pesca de la UE se reúnen este lunes en la sede del Consejo en Bruselas para revisar su posición negociadora sobre la reforma y decidir si ceden a alguna de las exigencias del Parlamento Europeo, que pide una aplicación más severa de las medidas para acabar con la sobrepesca y la sobrecapacidad de la flota comunitaria.

Irlanda, que hasta junio ejerce la presidencia de turno de la UE y por tanto media estos contactos, apuesta por cerrar un acuerdo este mismo mes, porque teme que, de lo contrario, la reforma quede aparcada 'sine die'. El cargado programa de trabajo que asumirá la próxima presidencia rotatoria y las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán en 2014 complicarían los avances en esta reforma, subrayan distintas fuentes europeas.

La cita de los ministros será "la más difícil en años" en cuanto a asuntos pesqueros se refiere, según un diplomático europeo, que explica que los expertos de los Estados miembros han intentado en los últimos días limar diferencias, pero han dejado "abiertos" para decisión política los asuntos más "sensibles".

La revisión de sus posiciones podría alargar la reunión durante la madrugada del martes, ya que los países de la UE reclaman flexibilizar los ritmos y marcas en algunos de los objetivos para los que la Eurocámara se mantiene más exigente, como la aplicación del Rendimiento Máximo Sostenible en todas las pesquerías desde 2015. Los Veintisiete apuestan por esa fecha "cuando sea posible" y alargar el plazo límite hasta 2020 en el resto de casos.

También chocan las instituciones en los plazos que se barajan —aunque no en el objetivo final— de acabar con los descartes. El consenso existe en cuanto a que hay que poner fin a la práctica de arrojar al mar las capturas, ya muertas, que menos interesan a los pescadores por su escaso valor comercial o por las dificultades de conservación.

Sin embargo, los Estados miembros con mayores flotas, entre ellos España y Francia, han presionado para que el Consejo defienda que se permita una exención de entre el cinco y el siete por ciento de descartes.

Los gobiernos buscan un acuerdo que logre el "apoyo sectorial", mientras que los eurodiputados se agarran a una propuesta "muy estricta", según fuentes diplomáticas que argumentan que los ministros tratan de "modular" la reforma para tener en cuenta factores socioeconómicos. "Sin el respaldo del sector a la reforma, el acuerdo será un fracaso total porque el resultado ni será querido ni será aplicable", advierten las mismas fuentes