Los alcaldes de Alcarràs, Aitona, Torres de Segre y Soses, Miquel Serra, Rosa Pujol, Josep Ramon Branzuela e Isidre Mesalles han consensuado un comunicado en el que piden a la subdelegada del Gobierno en Lleida, Inma Manso, que no criminalice a los payeses de sus pueblos en la campaña de recogida de la fruta, y han argumentado que hoy en día la casi totalidad de los agricultores contratan temporeros cumpliendo las leyes.

Los alcaldes responden a las declaraciones de hace unos días de Manso, quien en la tradicional reunión sobre la campaña de la fruta afirmó que el mensaje de este año sería: "Vigila contratar de manera ilegal".

Los alcaldes del Baix Segre quieren dejar claro que no se puede criminalizar a los agricultores de la zona antes de tiempo y sin tener en cuenta que los tiempos han cambiado y que la inmensa mayoría de las empresas agrarias cumplen la legalidad al contratar a los temporeros que en general ya han trabajado otros años en las mismas fincas, según ha afirmado a Europa Press la alcaldesa de Aitona, Rosa Pujol.

Además de pedir a la subdelegación que no criminalice al sector, los alcaldes quieren hacer saber a otras comunidades autónomas y a las entidades que trabajan con temporeros en Lleida que se abstengan de enviar a ninguna persona sin trabajo concertado antes porque los agricultores suelen contratar a repetidores de otros años.

"Los alcaldes queremos pedir a la subdelegación y a las administraciones que focalicen los recursos en velar para que no lleguen personas indocumentadas ya que no podrán ser contratadas y tampoco quienes no tengan garantías mínimas de encontrar faena", señala el comunicado de los alcaldes.

Con estos argumentos los alcaldes piden que "se intensifiquen los controles en los lugares de origen y en los pasos fronterizos y no tanto en las fincas agrícolas que cumplen la ley".

Según el documento pactado por los alcaldes, "hace falta priorizar las contrataciones de personas paradas que vivan en Lleida".

Miquel Serra, Rosa Pujol, Josep Ramon Branzuela e Isidre Mesalles recuerdan en el documento que el peso de la atención social recae básicamente en los ayuntamientos, que son los que tienen que afrontar las necesidades básicas.

El origen de la polémica

La subdelegada del Gobierno en Lleida, Inma Manso, advirtió a finales de abril que el Gobierno central pondrá este año especial atención en la contratación ilegal de temporeros en la campaña de recogida de la fruta argumentando que es "inhumano" y que en tiempos de recortes, el Estado necesita más que nunca recoger dinero de los impuestos.

"Cuando se tiene que recortar en cosas importantes no puede ser que no contribuya a sus obligaciones", señaló Manso en la primera reunión convocada por la Generalitat para preparar la campaña de recogida de la fruta en la que participaron organizaciones agrarias, sindicales y los ayuntamientos de las poblaciones fruteras.

"Si el año pasado el mensaje era que no viniera nadie a Lleida porque ya había bastante gente para recoger fruta, este año sería: Vigila contratar de manera ilegal", señaló Manso en una rueda de prensa en la que aclaró en que también hay muchos agricultores que trabajan bien y dan a sus temporeros de alta.