El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Carlos Rojas, ha anunciado este miércoles que su partido volverá a llevar el caso Matsa a la Cámara autonómica al entender que las subvenciones otorgadas por la Junta a esta empresa donde trabajaba la hija del expresidente Manuel Chaves no cumplían al cien por cien la ley.

En rueda de prensa, Rojas ha recordado que la Administración autonómica "dio muchísimo dinero público" a esta empresa y que, ya que la consejera de Presidencia ha anunciado una futura Ley contra el fraude fiscal, ahora "debe explicar también lo que ha pasado en Matsa: si se han alterado los procedimientos administrativos para concederle esta subvención, cómo se ha hecho, qué está pasando y que diga claramente si se ha cumplido al cien por cien con lo que dice la ley, porque estamos viendo que no es así".

El 'popular' ha apoyado esta declaración en el hecho de que la Audiencia de Huelva haya "ordenado a la juez intructora del caso que reabra la investigación por prevaricación sobre las presuntas presiones denunciadas por seis técnicos de la Junta para beneficiar a la empresa Matsa a pesar de que no reunía los requisitos legales para obtener un permiso para la planta de tratamiento".

También en que la Audiencia haya solicitado "que se tome declaración a la directora general de Industria, Energía y Minas y que fue delegada de Economía", algo por lo que el PP-A va a "pedir explicaciones" a la Junta porque considera que este extremo, "sin duda, deriva en responsabilidades políticas" que se han de depurar.

Máxime, según ha añadido Rojas, cuando "días después de que los técnicos pusieran la querella en junio de 2012, la consejera cesaba al jefe de servicios, que ahora también está imputado junto con la alto cargo, a la vez que curisosamente ascendía a la delegada provincial a directora general, que es la persona que estaba negociando directamente con la hija de Chaves".

Además, ha señalado que también la Cámara de Cuentas "cuestionó" estas ayudas a Matsa y que la Junta, "para justificar cualquier irregularidad en el cálculo del incentivo, alegó que no se otorgó por la orden de 2007 sino por la de 2008 cuando antes había dicho todo lo contrario cuando el PP-A la acusó de haber modificado la orden para favorecer a esta empresa".

Por todo ello, el PP-A entiende que no se han dado las explicaciones oportunas sobre este caso en el Parlamento de Andalucía y lo llevará de nuevo a la Cámara autonómica. "El asunto no está suficientemente explicado", ha insistido.