El Consejo de Gobierno aprobará el próximo jueves un proyecto de ley que reforma la actual Ley del Suelo de Cantabria en lo relativo a derribos y que prevé que las viviendas con sentencias de demolición que tienen posibilidad de verse legalizadas por los nuevos planes de ordenación urbana (PGOU) municipales en tramitación puedan obtener autorizaciones provisionales para evitar que se tiren antes de que los planeamientos se aprueben definitivamente.

Así lo han anunciado este sábado el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, tras presentar el borrador de este proyecto de ley a los grupos parlamentarios (PP, PRC y PSOE), que se han comprometido a estudiar su contenido.

Esta propuesta del Ejecutivo regional llega aproximadamente una semana después de que el Tribunal Constitucional anule la reforma de la Ley del Suelo en vigor que obligaba a indemnizar antes de demoler.

Sólo en aquellos viviendas "compatibles" con los pgou

Según ha explicado Fernández, de forma general, esta autorización provisional se podrá conceder cuando los nuevos planes generales de ordenación de sus municipios estén aprobados inicialmente, sin tener que esperar a su aprobación definitiva, y sólo en aquellos casos en que este planeamiento urbanístico sea "compatible" con la existencia de la edificación ya construida.

El objetivo es que sólo se derriben aquellas edificaciones que no sean compatibles ni con el PGOU vigente ni con el que se está tramitando ya que, según defiende el Gobierno regional, "no se debe demoler" aquello que podría ser legal con el nuevo planeamiento.

Según ha señalado, estas autorizaciones provisionales serán confirmadas una vez que el PGOU esté aprobado definitivamente y se compruebe que, finalmente, éste y la vivienda son compatibles.

Además, se establece, de forma transitoria, la posibilidad de que estas autorizaciones se puedan solicitar cuando el PGOU no esté aprobado inicialmente pero ya existan en su tramitación los "elementos de juicio necesarios" que permitan comprobar que el futuro planeamiento será compatible.

TRAMITACIÓN

Tras la aprobación por parte del Consejo de Gobierno, el próximo viernes está previsto que el proyecto de ley se registre en el Parlamento de Cantabria para iniciar su tramitación.

Según han explicado el portavoz del PP, Eduardo Van den Eynde, tras la reunión, el proyecto de ley podría estar aprobado "en un plazo de 30 días", antes de que se suspendan los plenos de la Cámara regional por la época estival.

El Gobierno de Cantabria propuso a los grupos parlamentarios que para que la tramitación parlamentaria se lleve a cabo con mayor "rapidez" se optara por la lectura única de la ley, si bien los grupos de la oposición han preferido que se lleve una tramitación ordinaria dada la "importancia".

El Ejecutivo regional ha accedido a ello con la condición de que la tramitación se haga con los "plazos mínimos legales".

Autorizaciones provisionales

A preguntas de los periodistas, el consejero de Medio Ambiente ha explicado que la autorización provisional de las viviendas la podrá solicitar o bien el propio interesado o, de oficio, los ayuntamientos en los que se ubican.

Serán los alcaldes de cada municipio los que podrán conceder estas autorizaciones provisionales, si bien la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) emitirá informes previos.

Desde que se presente la solicitud hasta que se conceda pasará aproximadamente "un mes", según el titular de Medio Ambiente, que ha explicado que los jueces podrán anularlas si entienden que no son legales porque el PGOU que se está tramitando pueda contener algún viso de ilegalidad.

Resultado "muy similar" al que prevé el plan de derribos

Con esta nueva reforma de la Ley del Suelo, el Gobierno de Cantabria espera obtener un resultado "muy similar" al que se prevé en el Plan de Ejecución de Sentencias de Derribos en cuanto al número de viviendas que pueden salvarse.

Fernández ha señalado que "la mayoría" de las viviendas con sentencia de derribo tienen "encajan" en los nuevos planeamientos urbanísticos.

Sin embargo, el titular de Medio Ambiente ha reconocido que este proyecto de ley podría no salvar las de La Arena (Arnuero), "algunas" de Argoños y las 17 de Cerrias (Piélagos).

El consejero considera, en cambio, que se podrán conceder autorizaciones provisionales a las viviendas con sentencia de derribos ubicadas en un terreno que en el nuevo PGOU del municipio va a considerar suelo urbano consolidado.

En relación a otros municipios, Fernández mantiene que se podrían conceder autorizaciones provisionales en Miengo, que en un plazo de tres meses verá el PGOU aprobado de forma inicial, o en Escalante, cuando también se apruebe inicialmente su planeamiento, algo que, según ha dicho, ocurrirá "dentro de poco".

San Vicente, que tiene su planeamiento aprobado provisionalmente, o Piélagos también podrían autorizaciones provisionales.

El consejero ha señalado que esta reforma de la Ley del Suelo que prepara el Gobierno, y a la que los grupos podrán presentar sus propuestas, "va a ser muy eficaz" gracias a los avances que, a su juicio, se ha llevado a cabo de la tramitación de los PGOU.

Según ha señalado, este trabajo va a dar como resultado que en 2013 se puedan conceder "muchas" autorizaciones provisionales.

Proyecto de ley

A falta de las modificaciones que puedan realizarse en los próximos días, este proyecto de ley introduce, entre otros aspectos, un artículo 65 bis de la Ley del Suelo que fija las condiciones y los supuestos en que pueden otorgarse la nueva figura de las autorizaciones provisionales de edificaciones o actuaciones preexistes.

Además modifica otros artículos, como el 233.1, en el que introduce nuevos apartados o renumerando otros, según el borrador del proyecto de ley facilitado por el Gobierno regional.

Este proyecto de ley introduce modificaciones en artículos de la Ley de Control Ambiental Integrado (Ley 17/2006 de 11 de diciembre); en la de Conservación de la Naturaleza de Cantabria (Ley 4/2006 de 19 de mayo).

El texto legislativo del Ejecutivo regional contiene dos disposiciones transitorias, una derogatoria y una final.