El Gobierno ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley de cajas y fundaciones bancarias, una vuelta a los límites originales de estas instituciones, que pasarán a ocuparse de clientes minoristas y Pymes, en un ámbito territorial que no podrá exceder una comunidad autónoma o diez provincias limítrofes.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha explicado tras el Consejo de Ministros que con este anteproyecto —con el que se da por culminada la reforma del sistema financiero— la limitación de las cajas será triple: material, física y de volumen.

Así, las cajas de ahorros no podrán tener un activo superior a los 10.000 millones de euros o una cuota de depósitos por encima del 35% de los de la comunidad autónoma en la que operen.

Además, la normativa —impulsada por la 'troika', integrada por la CE, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE), como una contrapartida al rescate de la banca española— incrementa la profesionalización de los órganos de gobierno de las cajas.

Para ello se "potencia la profesionalidad" del consejo de administración, cuyos miembros deberán contar con conocimientos y experiencia adecuados para el desempeño de sus funciones.

Asimismo se fortalece la incompatibilidad de formar parte de los órganos de gobierno con cargos ejecutivos en partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales.

Entre otras de las novedades de este anteproyecto figura el no establecimiento de límites temporales a las fundaciones para salir del capital de sus bancos filiales. De Guindos también ha confirmado que "no hay fecha" para que las antiguas cajas de ahorros reduzcan sus posiciones de control en los bancos a los que dieron lugar.

De este modo, las fundaciones bancarias podrán reducir progresivamente su participación, lo que permitirá culminar el proceso de reestructuración del sector financiero en un periodo de tiempo razonable.

El Anteproyecto de Ley afecta fundamentalmente a tres entidades cuyas fundaciones controlan sus bancos filiales. Se trata de La Caixa, Kutxabank y Unicaja.

La norma obligará a los presidentes de estas entidades a escoger entre la presidencia de la fundación y la del banco, al declarar "incompatible" ser patrono de una fundación con un cargo equivalente en la entidad bancaria participada.

Otras de las novedades que establece la norma es que el Banco de España impondrá penalizaciones, en forma de un fondo de reserva, a las fundaciones que controlen el 50% o más de un banco, con el fin de dotar posibles necesidades de la entidad filial para apuntalar su solvencia.

El Gobierno ha anunciado un régimen fiscal para preservar el tratamiento "favorable" a la obra social, aunque no ha detallado cómo se articulará. De Guindos ha anunciado que si la obra social se extiende de una comunidad autónoma, el protectorado será del Ministerio de Economía, mientras que si permanece dentro de una región, será el Gobierno regional en cuestión el que lo ostente.

También ha precisado que con este anteproyecto de ley se completa la "última pieza" en el proceso de reestructuración del sector, y que supone "volver al modelo tradicional" de las cajas. A partir de ahora, se prevé que sólo Ontiyent y Pollença continúen operando como cajas.

"Las cajas nunca tendrían que haber abandonado su labor inicial y originaria", ha enfatizado De Guindos. El ministro ha anticipado que la  nueva norma se remitirá al Congreso de los Diputados a finales de este mes y se ha congratulado del "amplio consenso" logrado con la 'troika' —BCE, CE y FMI—.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha considerado que el anteproyecto representa un "eje clave" para finalizar con la reforma del sector financiero. Y ha completado el argumento del ministro de que se busca que las cajas vuelvan a su modelo originario: "Se busca volver al sistema de los años 80 o 90".

En este sentido, ha recordado que las cajas tenían una labor muy localizada y centrada en pymes e impositores, sin dedicarse a un negocio de grandes operaciones. "Las cajas nunca debieron desviarse de su naturaleza tradicional", ha enfatizado De Guindos.

De este modo, la norma fija que su ámbito de actuación no podrá exceder el de una Comunidad Autónoma o diez provincias limítrofes y que no podrán tener un activo superior a los 10.000 millones de euros o una cuota de depósitos por encima del 35% de la Comunidad Autónoma en la que operen.

Además, mantiene la comisión de control, elimina la figura del director general y establece un sistema electoral en virtud del cual se pretende evitar el control político de las cajas y atribuir dicho control a los impositores o depositantes. También se incrementa la profesionalización de los órganos de gobierno de las cajas.

El anteproyecto determina que las fundaciones bancarias deberán tener una participación superior al 10% en una entidad de crédito y distingue entre las obligaciones de aquellas que poseen al menos un 10%, las que tienen un 30% y las que controlan el 50% del banco al que dieron lugar.

Todas las fundaciones bancarias, sin excepción, están sometidas a rigurosos requisitos de gobierno corporativo, entre los que se incluye la prohibición de que los miembros del patronato de las fundaciones bancarias sean a su vez integrantes del consejo de administración de la entidad de crédito.

Además, estarán sujetas a un régimen de control que será llevado a cabo por el Banco de España en el marco de sus funciones de supervisión financiera y por el protectorado en materia de gobierno corporativo. El protectorado corresponderá al Ministerio de Economía y Competitividad cuando la fundación bancaria tenga un ámbito de actuación principal superior al de la Comunidad Autónoma.

Por su parte, las fundaciones bancarias con una participación superior al 30% en una entidad de crédito deben presentar al Banco de España para su aprobación un protocolo de gestión de su participación en el banco.

Adicionalmente, las fundaciones bancarias con una participación superior al 50% o que ostenten posiciones de control en una entidad de crédito estarán obligadas a presentar en su Plan Financiero una estrategia de diversificación de inversiones y gestión de riesgos que evite la concentración en activos emitidos por una misma contraparte. Además, tendrá que contar con un Fondo de Reserva para hacer frente a posibles necesidades de recursos propios de la entidad de crédito participada.

Finalmente, determina que en el caso de las fundaciones bancarias, así como en el de las ordinarias, la dependencia estatal o autonómica dependerá de si su actividad principal se desarrolla en una sola comunidad —en cuyo caso el protectorado se ejercerá por la Comunidad Autónoma—, o si se desarrolla en más de una comunidad, en cuyo caso el protectorado se ejercerá por el Estado, a través del Ministerio de Economía y Competitividad.