La secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO de Andalucía, Nuria Martínez, ha valorado este miércoles la reapertura del proceso penal que investiga la rotura, en 1998, de una balsa en la mina de Aznalcóllar (Sevilla) que explotaba la multinacional sueca Boliden, y ha expresado la esperanza del sindicato de que esta decisión sirva para que se cumpla el principio de que "quien contamina, paga".

En declaraciones a Europa Press, Martínez ha recordado que la rotura de dicha balsa constituyó "la mayor catástrofe ecológica" registrada hasta el momento en Andalucía, y generó "daños muy importantes" en el medio ambiente por los que, en su opinión, debe pagar la citada empresa.

En ese sentido, la responsable de Medio Ambiente de CCOO en Andalucía ha abogado por fijar un "justo precio" que "determine el coste" al que ascendieron las actuaciones que se llevaron a cabo para arreglar ese desastre, y sean los "responsables" de lo ocurrido quienes se responsabilicen de ese abono.

De esta manera, Martínez se ha mostrado partidaria de que en este caso se determinen tanto "responsabilidades penales" como "económicas" por esta "catástrofe".

Estas declaraciones han llegado después de que se haya sabido que el Juzgado de Primera Instancia número once de Sevilla, por orden del Tribunal Supremo, va a retomar la instrucción del procedimiento penal, que se cerró en su momento sin culpables, para determinar ahora el responsable de la rotura de la citada balsa, que conllevó el vertido de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos en el entorno de Doñana.