Los constructores, organizaciones profesionales y patronales del sector de la construcción, unidos en la llamada 'Mesa de la construcción de Andalucía' han cifrado en 340 millones de euros la deuda aún pendiente de la Junta de Andalucía con el sector.

La 'Mesa de la construcción' está constituida por la patronal andaluza de la construcción, Fadeco, la Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica), la Cámara de Contratistas de Andalucía, la Asociación de Laboratorios Acreditados de Andalucía, la Asociación de Empresas Consultoras de Control de Calidad, el Colegio de Industriales de Andalucía Occidental, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos y el Consejo Andaluz de Colegios de Aparejadores.

Fuentes de dicha mesa han explicado a Europa Press que la semana pasada se reunieron con la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, junto a los sindicatos CCOO y UGT, pero el pasado viernes se reunió la mesa formada por profesionales y patronales.

Las fuentes han precisado que en la reunión de la mesa del viernes se insistió en la importancia del sector de la construcción, toda vez que "con las cifras de paro que hay, la construcción es uno de los pocos sectores capaces de crear tanto empleo en tan poco tiempo, es una alternativa ideal para frenar el desempleo".

Asimismo, en dicha reunión de las patronal se repasó el apartado de las deudas, de forma que "según los datos que tenemos, quedan pendientes de pagar 340 millones de euros de todo el sector, de forma que la Junta ha pagado el 40 por ciento de la deuda que había acumulado".

En ese sentido, precisa que el sector "no tiene noticias sobre el nuevo FLA va a permitir atender esa deuda", aunque apuntan que "da igual como se atienda esa deuda, mientras se atienda".

Además, han apuntado que "muchos importes que están pendientes de cobro se corresponden con liquidaciones de obras", tras lo que han recordado que "la Ley de Contratos del Sector Público exige que se debe reservar hasta un diez por ciento para las liquidaciones, en el caso de que haya liquidación, la llamada reserva de crédito".

"Ese dinero debe estar dotado en los presupuestos y fiscalizados, pero nos encontramos con que ese dinero de las liquidaciones no está presupuestado ni fiscalizado, por lo que es contrario a derecho y se incumple la Ley", agregado las fuentes.

Asimismo, las fuentes de la mesa han indicado que "distintas agencias, entre ellas la Agencia de Obra Pública, solicitan a los contratistas el pago de la tasa de cobertura, un dinero que el contratista debe pagar a las agencias o entes públicos para que ellos se financien". Las fuentes consideran que "la Junta pida ahora a los contratistas el abono de las tasas ahora no tiene sentido, pues tenemos obras paralizadas".

Las fuentes han apuntado que los arquitectos andaluces "han indicado que solo la Empresa Pública del Suelo de Andlaucía (EPSA) les debe a los arquitectos siete millones de euros por los trabajos técnicos de rehabilitación y encima no tienen fecha de cobro".

Por otro lado, lamentan que, en materia de adjudicaciones, "las administraciones están adjudicando con menos precio, por lo que los concursos públicos se están convirtiendo en subastas encubiertas, donde prima bastante más la parte económica de la oferta sobre la parte técnica y donde algunos eliminan el criterio de temeridad".

"Se están juntando muchas cosas, un marco legislativo que provoca que la agresividad comercial de las empresas sea mayor para así poder resultar adjudicatarias, y una necesidad de contratación nunca vista antes", han agregado desde el sector, que pide "reflexión" a las administraciones "en esta deriva", toda vez que "al final las cosas valen lo que valen".

Consideran que el nuevo Plan de Vivienda "genera mucha expectación, se quiere participar en la redacción del mismo y hacer algo con cara y ojos, pues es algo clave saber donde está la financiación".

Además, han insistido en la obligación de "poner en marcha las obras de depuración de aguas residuales y obras hidráulicas comprometidas".