El que fuera gerente de la sociedad municipal Planeamiento 2.000 Juan Antonio Roca ha afirmado este lunes que fue el exalcalde de Marbella (Málaga) Jesús Gil y Gil quien le ordenó hacer un pago de más de 17 millones de pesetas desde dicha sociedad en favor del arquitecto de confianza de Gil, Carlos Monteverde, para la "remodelación" del Palacio de Ferias y Congresos de Marbella.

Así lo ha explicado Roca durante su declaración en la octava jornada del juicio por el denominado caso 'Saqueo II', derivado del informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión municipal del Grupo Independiente Liberal (GIL) entre los años 1991 y 1999 en el Ayuntamiento de Marbella.

Roca ha relatado, ante el tribunal que preside el magistrado Alfonso Guevara, que en una reunión celebrada en 1997 en la que están presentes Jesús Gil, Carlos Monteverde, el delegado de Hacienda Rafael González Carrasco y el propio Roca, Gil ordena el pago de 17.305.000 millones de pesetas en favor de Monteverde a través de Planeamiento 2.000. "Yo le di el cheque a Monteverde", ha destacado.

Según Roca, "a los dos días" él mismo entregó el cheque al arquitecto y remitió la factura al Club Financiero y se presentó en "la delegación de la Agencia Tributaria". Roca desconoce si se llevó a cabo la obra de Monteverde, pero asegura que se hicieron remodelaciones "contantes" en el Palacio de Ferias y Congresos. "El único pago que he hecho a Monteverde fue este", ha indicado.

Además, ha participado en reuniones en las que estaban presentes Gil, Monteverde y "más gente", incluido, el exprimer edil de Marbella Julián Muñoz y ha agregado que se han construido "muy pocos" proyectos de los que Gil encargó a Monteverde.

Sociedad inactiva

Juan Antonio Roca también ha reconocido que el Ayuntamiento de Marbella llegó a transferir hasta nueve millones de pesetas en 1999 a una empresa municipal de la que él era gerente, Plan Las Albarizas, y que "no tuvo actividad alguna".

En este sentido, ha explicado que "recuerda perfectamente" que cuando contrata personal en la sociedad Planeamiento 2.000 se le dice "desde Alcaldía y desde personal del Ayuntamiento" que dichos contratos deben ser "temporales, de seis meses". "No más y así fue", ha declarado, para agregar que "llega un momento en el que desde la gestoría de personal" le dicen que ya no se pueden hacer más contratos temporales".

En aquel momento, ha indicado que "desde el Ayuntamiento" se le "ordena" que transfiera ese personal a Plan Las Albarizas, que era una sociedad "totalmente inactiva" y que "nunca tuvo actividad nada más que trasladarle una parte del personal de Planeamiento para que sus contratos no se convirtieran en fijos".

"Por eso, cuando se pagaban las nóminas yo remitía una relación de nóminas que se confeccionaban para la sociedad Planeamiento y otra para Plan La Albarizas, única y exclusivamente para pagar las nóminas de estos trabajadores que estaban contratados ahí", ha precisado. Asimismo, ha dicho que "es posible" que en "algún momento" se le transfiriera desde el Ayuntamiento una cantidad para Planeamiento y que de esa se extrajera otra para pagar las nóminas de los empleados de Plan Las Albarizas.

Así, Roca ha concretado que el pago de los salarios de los trabajadores tanto de Planeamiento 2.000 como de Plan Las Albarizas se hacía en "efectivo". "Salvo que la memoria me falle, todas las transferencias realizadas a Plan Las Albarizas eran para pagar las nóminas", ha insistido.

Según el Ministerio Público, en octubre de 1997 Roca es nombrado vocal de la sociedad municipal 'Plan las Albarizas, S.L.'. Dicha empresa recibió transferencias por una cantidad de 2.900.000 pesetas efectuadas por otras sociedades en los ejercicios 1994 a 1996; y 800.000 pesetas que "ni siquiera aparecen contabilizadas como ingresos" en los ejercicios 1998 y 1999 "resultado el destino de esas cantidades ajeno a cualquier fin público con conocimiento de los administradores".

No tenía departamento contable

Por otra parte, Juan Antonio Roca ha indicado que Gil le nombra gerente de la sociedad Planeamiento 2.000 en 1992 y le encarga revisar el Plan General de Ordenación Urbana. En este punto, ha asegurado que "nunca" participó en una consejo de administración de dicha empresa y que tampoco tuvo que rendir cuentas del trabajo que desempeñaba ante él y ha destacado que las cuentas las llevaba el también imputado en esta causa José Luis Sierra desde el Club Financiero, porque la empresa no tenía departamento contable.

Juan Antonio Roca ha dicho que bajo "instrucciones" del alcalde Jesús Gil el Plan General de Ordenación Urbana lo debían elaborar los trabajadores de Planeamiento 2.000, aunque también se hicieron encargos "externos". En este sentido, ha destacado que se ofreció a "todos" los funcionarios del Ayuntamiento la posibilidad de trabajar en este proyecto "por las tardes", recibiendo una retribución al margen de su nómina, y que también a todos ellos se les otorgaban "gratificaciones" por la obtención de resultados.

Entre los hechos que se le imputan está el cobro de un cheque por parte de Planeamiento 2.000 por la cantidad de 400.000 pesetas en 1994 "sin justificación alguna", según Fiscalía. "No recuerdo exactamente para qué, pero evidentemente está más que justificado" ente el Tribunal de Cuentas, ha contestado al fiscal José Grinda, para después agregar que "todos los años" entregaba justificantes, facturas, originales en el Club financiero y que se ha enterado de que se ha enterado de que había "400.000 pesetas sin justificar" a consecuencia del escrito de acusación del fiscal.

La Fiscalía pide para Juan Antonio Roca una pena de prisión de siete años por la comisión de un delito continuado de malversación de caudales públicos y otra de tres años de cárcel por un delito continuado contra la Seguridad Social.

Finalmente, con anterioridad al testimonio de Juan Antonio Roca, ha prestado declaración durante algo más de 45 minutos ante el tribunal el que fuera empleado del Ayuntamiento de Marbella y director del 'Centro de Orientación Psicosocial y Familiar', José Antonio Andrade, para quien la Fiscalía solicita la pena de seis años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos.