Dos de los empresarios detenidos este miércoles por llevar a cabo como soborno instalaciones de jardines en fincas de exaltos cargos de Unió Mallorquina (UM) y entonces responsables del Consell de Mallorca, han pasado esta tarde a disposición judicial, si bien se encuentran en los calabozos a la espera de ser interrogados por el titular del Juzgado de Instrucción número 8, Juan Pedro Yllanes, quien se encuentra en funciones de guardia, tal y como han informado fuentes judiciales a Europa Press.

En concreto, los arrestos tuvieron lugar en el marco de una nueva investigación que ha sido bautizada con el nombre de Operación Garden, dentro de la cual anoche fue puesto en libertad por la Policía Nacional un tercer empresario detenido.

Fuentes del caso explicaron que se trata de unas nuevas pesquisas desarrolladas a instancias de la Fiscalía Anticorrupción en la que se indaga un presunto desvío de fondos públicos desde la Institución insular a la UTE que llevó a cabo los anteriores trabajos haciendo uso del dinero presuntamente defraudado, en concreto durante los años 2006 y 2007, época en la que el Consell estaba presidido por Maria Antònia Munar.

Durante los últimos días se ha tomado declaración a numerosos imputados, entre los que se encuentran excargos de la extinta formación regionalista y más en concreto de la Conselleria de Obras Públicas, entonces dirigida por Antoni Pascual, mientras que este jueves se procedió a arrestar a los tres empresarios, que están vinculados a dos de las tres mercantiles que integraban la UTE investigada y que estaba relacionada con el desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor.

Según las nuevas investigaciones, que constituyen un fleco del denominado caso Peaje, en lugar de abonar comisiones en efectivo, los empresarios montaban jardines en las viviendas y trasladaban camiones cargados con tierra de jardín a los exresponsables del Consell vinculados a esta supuesta trama.

Cabe recordar que el caso Peaje, en manos del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, se inició a raíz de la querella que interpuso el Ministerio Público contra 16 exaltos cargos del Consell y empresarios en marzo de 2009 como consecuencia del supuesto desfase de 23 millones de euros que se habría producido sobre los 140 millones inicialmente presupuestados para el proyecto, que corrió a cargo de la UTE Desdoblamiento C-715 (integrada por las empresas Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa, Itinere Infraestructuras, MAB y Sacyr).

Los imputados podrían haber incurrido, según los investigadores, en delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y falsedad en documento mercantil. Sin embargo, algunos de los encausados han negado un desvío a fines particulares y que el desfase repercutiese en las arcas del Consell, al defender que la adjudicación de los trabajos recayó en manos de la empresa Pamasa y fue posteriormente cuando esta sociedad subcontrató las obras a la UTE.