El Juzgado de lo Penal número 2 de Almería ha condenado a 21 meses de prisión y a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al exalcalde de Zurgena y actual edil de Obras Públicas, Cándido Trabalón (PA), por autorizar, en 2005, la construcción de una promoción de 12 viviendas unifamiliares sobre suelo no urbanizable en el paraje Los Carasoles a sabiendas de que licencia era contraria a la legislación urbanística.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, condena a la misma pena como autores de un delito contra la ordenación del territorio al exconcejal de Urbanismo Manuel Tijeras y a seis exediles de la corporación zurgenera que votaron a favor de la concesión de la licencia a construcciones 'Antonio la Jacinta' en pleno. Cabe recordar que todos están procesados en el marco de la operación 'Costurero' contra la corrupción urbanística.

La magistrada Ana Salmerón señala que todos eran conocedores de un informe emitido por el técnico municipal Carlos D.B., también condenado, que recogía con "claridad" que el suelo era "no urbanizable" aunque señalaba de manera mendaz que cumplía los requisitos de la normativa autonómica para poder construir "a sabiendas de que, posteriormente, iba a participar en la dirección técnica de la obra.

Rechaza que, tal y como aseguraron en la vista oral para exculparse, la formación tanto de exalcalde como de los exconcejales, que "sea dicho con todos los respetos, no pasaban de ser meros electricistas", les exima de "tener conciencia de la ilegalidad" y dice las versiones que dieron en sala que no son "en absoluto creíbles" ya que quedan desmentidas por el informe técnico "no favorable".

Precisamente en el marco del caso 'Costurero', el exalcalde zurgenero se enfrenta a penas que suman 180 años de prisión y 1.050 años de inhabilitación. En este caso, en el que ha tenido que prestar fianza civil de 571.147 euros, también están procesadas otras 23 personas, entre ellas exediles de la corporación, funcionarios y promotores inmobiliarios. No obstante, de ser condenado por los 120 delitos que se le imputan, cumpliría como máximo nueve años de cárcel.