El PSPV ha registrado una proposición no de ley en las Corts Valencianes en la que insta a la retirada del anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local y exige la apertura de un proceso de negociación con todos los grupos parlamentarios y con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La propuesta, firmada por el portavoz socialista, Antonio Torres, y el diputado Óscar Tena, reclama a la Cámara valenciana que muestre su apoyo a la autonomía local ante el anteproyecto de reforma local presentado por el PP, que "pone en jaque los fundamentos del municipalismo y con él, la base misma de un modelo que ha garantizado la cohesión social del país durante los últimos 30 años".

Así, piden que se reafirme "la trascendencia del papel de los ayuntamientos en la igualdad de oportunidades, la democracia y la cohesión social, elementos que han permitido vertebrar el territorio y prestar servicios esenciales y básicos, descentralizados y de proximidad para la ciudadanía" y que se muestre un reconocimiento a la labor de los consistorios.

Los socialistas reconocen "la necesidad de aplicar el rigor, la austeridad y la eficiencia en la administración de los recursos", aunque mantienen que "en ningún caso estos argumentos se pueden utilizar como coartada para suprimirlos o encarecer servicios públicos", al tiempo que alertan de que "en lugar de asegurar los servicios mínimos que deben prestar desde los ayuntamientos se hace que peligren seriamente".

A su juicio, la propuesta del Gobierno "de intervenir y vaciar de competencias a una gran mayoría de las entidades locales pone en peligro y hace más frágil nuestra democracia" y han recordado que "los servicios públicos, no se pueden valorar exclusivamente por criterios económicos sino también deben evaluarse, con carácter prioritario, por el beneficio social que comportan a sus usuarios, a los ciudadanos".

En peligro 250.000

Empleos públicos

Asimismo, los socialistas advierten que la propuesta de reforma "supone deslocalizar y alejar de sus destinatarios, los vecinos, las competencias propias de los ayuntamientos y prevé el traspaso de competencias y recursos financieros, es decir, de recursos económicos a las comunidades autónomas y las competencias denominadas competencias 'impropias' serán suprimidas al no ser prestadas por ninguna otra administración".

Lamentan, además, que los servicios que pasen a la diputación provincial "podrán ser privatizados con el consiguiente aumento de tasas y precios" y "a través del desmantelamiento del sector público local pondrán en peligro más de 250.000 empleos públicos".