El juez investigará en la pieza principal a los 17 imputados por presuntos delitos contra la Hacienda Pública

El juez investigará en la pieza principal a los 17 imputados por presuntos delitos contra la Hacienda Pública

El juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de instruir el conocido como 'caso Emarsa', finalmente investigará en la pieza principal a los 17 imputados por cuatro presuntos delitos contra la Hacienda Pública, un delito contable y otro de falsedad en documento mercantil, según se desprende de un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de instruir el conocido como 'caso Emarsa', finalmente investigará en la pieza principal a los 17 imputados por cuatro presuntos delitos contra la Hacienda Pública, un delito contable y otro de falsedad en documento mercantil, según se desprende de un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El juez instructor, que investiga un agujero económico en la gestión de la depuradora de Pinedo, dentro del 'caso Emarsa', acepta así distintos recursos de reforma parcial presentados contra el auto de 25 de marzo por el que decidió abrir una nueva pieza, la número 8, para investigar este asunto tras solicitarlo el ministerio fiscal, y en base a unos informes de Hacienda.

En concreto, estima los recursos presentados por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) —sucesora tributaria de Emarsa—, como acusación particular, los exadministradores de Notec José Luis Sena y Vicente Ros, y el exvicepresidente de Emarsa y alcalde de Albal (Valencia), Ramón Marí, como acusación popular, a los que se adhirieron la propia Fiscalía, los abogados del Estado y de la Generalitat y la representación procesal del expresidente de Emarsa y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo.

El juez toma en consideración, en este sentido, los argumentos esgrimidos por éstos "en cuanto al grado de conexión existente entre los hechos investigados en las presentes diligencias previas y los que se ordenaba fueran investigados en la pieza separada número 8" y que, según señala, "hacen más aconsejable no aplicar al caso" la normativa por la que decidió abrir esa nueva pieza, "máxime —añade— si ello se relaciona con una eventual afectación del derecho de defensa".

Sobre esta última cuestión, indica que el derecho de defensa "debe salvaguardarse en todo caso, y más allá de cualquier disquisición que cupiera hacer acerca de si podría o no resultar afectado por la formación de la pieza".

En lo relativo a esos presuntos delitos, cuya investigación se remonta a enero de 2012, figuran como imputados: el expresidente de Emarsa y exvicepresidente de la Diputación, Enrique Crespo; el exgerente, Esteban Cuesta; el exjefe de Medio Ambiente, Adolfo Polo Baixauli; el exinformático, Sebastián García, conocido como 'Chanin'; el exedil en el Ayuntamiento de Valencia, extrabajador y exproveedor de Emarsa, Juan Carlos Gimeno Gascón; y Rafael Quiles Asensi, ex asesor financiero de la entidad.

Asimismo, aparecen como imputados por estos hechos el empresario fugado Jorge Ignacio Roca Samper; los exadministradores de Notec José Luis Sena, Enrique Sena y Vicente Ros; la mujer y administradora de una empresa que facturó a Notec, Olga de Pozo Blanco; la entonces administradora de Construcciones Rocafort y Valmasark, María Paz García; la administradora de Management de Azafatas y Servicios, Eva María Marsal; y el entonces administrador de Llar Calzada y Rehabilita Aqua, Daniel Calzada.

Además, completan la lista que se incluyó en esa pieza separada que ahora retorna a la pieza principal, Leonor Moreno Esteve, abogada y una de las personas acusadas de cobrar de Emarsa pese a no prestar servicios; Luis Botella de las Heras, en ese momento teniente de alcalde del Ayuntamiento de Moncada; y Juan Manuel García, como administrador único de Técnicas de Gesstión y Comunicación S.L.

"resulta prematuro" pedir la imputación de arnal

En esta misma resolución, desestima parcialmente el recurso en el que Ramón Marí solicitaba la imputación como coautor de esos delitos del ex director financiero de Emarsa, Enrique Arnal, cuestión sobre la que señala que "en este momento del proceso no procede" aceptar tal petición dada la "inexistencia de indicios suficientes para considerar que el director financiero de Emarsa participase en la gestión y administración de la empresa pública o que realizase conductas que contribuyeran a la comisión de estas infracciones penales".

El magistrado mantiene que esa solicitud "resulta prematura" dado que "vienen practicándose y se han señalado para fechas muy próximas diligencias que pueden contribuir a esclarecer si Arnal llevó o no a cabo conductas que contribuyeran a la comisión de esos hechos", a lo que agrega que esta resolución por la que desestima su imputación "tiene, por tanto, un carácter meramente provisional".

El juez también desestima el recurso de reforma interpuesto por Rafael Quiles y acuerda que "no ha lugar a sobreseer libremente las diligencias" respecto al ex asesor financiero de la entidad puesto que "deben seguir practicándose diligencias, como algunas de las ya acordadas, para tratar de esclarecer si tuvo o no participación en los hechos penalmente relevantes objeto de la investigación".

En ese mismo auto, estima parcialmente el recurso de Leonor Moreno. El juez señala que no ha lugar a declarar la prescripción del delito pero sí acuerda el sobreseimiento provisional y parcial de las diligencias en relación con la presunta comisión por ésta y por cooperación necesaria de uno de los delitos contra la Hacienda Pública objeto de la investigación, en concreto, en relación con el IVA del ejercicio 2006. Al respecto, alude a la documentación tributaria aportada junto al recurso acerca de que las cantidades ingresadas en 2006 "fueron debidamente declaradas ante la AEAT".

El magistrado abrió una investigación por estos hechos en enero de 2012y fijó fianzas de hasta tres millones de euros para los imputados con el objeto de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse procedentes en el desarrollo de la causa.

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