El conseller de Economía, Industria y Turismo, Máximo Buch, cree que "no llegará la sangre al río" y que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dará el visto bueno el aval de la Generalitat a la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat. Ha indicado que, de no ser así, los empresarios perderían los 80 millones de depósitos en la entidad y la administración valenciana otros 85 millones.

Buch se ha expresado de esta manera en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de las Corts, con motivo de la comparecencia solicitada por el PSPV y Compromís para explicar la estrategia del Consell respecto a la SGR y su proceso de reestructuración. En su comparecencia, ha mostrado su comprensión con el tiempo que se toma Hacienda para aprobar el aval de 150 millones porque deben analizar bien y estructurar la operación. "Esperemos que Hacienda apruebe el aval y así tendremos 10 años para limpiar la entidad", ha apostillado.

El titular de Economía, que ha subrayado que la SGR "atraviesa una difícil situación", ha afirmado que el Consell "trabaja para alcanzar una solución en las próximas semanas". En este punto, ha recalcado que la situación de esta entidad "no es un problema generado por la Generalitat" y ha opinado que la gestión del Banco de España en esta sociedad era "manifiestamente mejorable".

Por parte de los grupos de la oposición, todos se han mostrado de acuerdo en la importancia de la SGR para los empresarios valencianos y han reclamado la necesidad de depurar responsabilidades por la situación de esta entidad, que está "a dos semanas de desaparecer o entrar en concurso de acreedores", según ha apuntado el diputado de EUPV Ignacio Blanco. En su respuesta, el conseller ha dicho que "no ha habido buena gestión", pero "no ha habido delito".

Asimismo, Buch ha reconocido que el "problema" de la SGR han sido los avales inmobiliarios que "hace unos años se le daban a cualquiera". "Se dejaron llevar por la corriente del momento", ha apuntado el conseller, quien ha recordado que con las nuevas normas de la entidad "no va a haber, en principio", este tipo de operaciones, sino que se primará las ayudas a las pymes.

Deudas a emprendedores

A pregunta del diputado de Compromís Fran Ferri sobre la deuda pendiente de las ayudas a emprendedores, Buch ha explicado que entre 2007 y 2012 las ayudas han ascendido a 117 millones para apoyar 18.000 iniciativas, de las que se han pagado el 67 por ciento. Según Buch, en lo que va de año se han hecho pagos por importe de cinco millones con el programa de emprendedores, un 12 por ciento de lo que se debe.

Buch ha dicho que el pago del monto restante se realizará "en cuanto nos lo transfieran al Servef", aunque no ha podido fijar un calendario de pago porque están a expensas del Fondo de Liquidez Autonómica y del plan de pago a proveedores, que está en manos del Gobierno central. "En cuanto lleguen los fondos" se transferirán. "No le voy a dar un calendario porque no lo sé", ha sentenciado.

Prescripción obligaciones

Por otro lado, el conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, también a pregunta de Fran Ferri en relación a la prescripción de las obligaciones impagadas, ha afirmado que "no hay constancia de iniciación de expediente de prescripción por parte de la Generalitat, cuya voluntad es cumplir sus compromisos". "No se va a dar de baja ninguna subvención", sino que "vamos a cumplir" mediante un "plan completo de pagos", ha insistido el conseller, que ha dicho que se materializará mediante el FLA y el pago a proveedores.

Ferri ha preguntado cuántas obligaciones están impagadas desde 2009 y ha señalado que no vale con la "buena voluntad" de no ejecutar los expedientes de prescripción, sino que hay que reconocer cuánto deben.