El ministerio fiscal ha rebajado este jueves la petición de pena al empresario almendralejense Agustín Tarazona de ocho a tres años de cárcel, mientras que su defensa insiste en pedir una "sentencia absolutoria" al entender que se han "acreditado" durante el juicio celebrado estos días en Badajoz las enfermedades que padece el imputado.

Ambos letrados han hecho estas manifestaciones en el desarrollo del juicio que ha comenzado este pasado martes en la sección primera de la Audiencia Provincial de Badajoz y que ha quedado visto para sentencia. En el mismo se imputa a Agustín Tarazona un delito de estafa relacionado con la organización y suspensión de unos festejos taurinos que debían celebrarse en septiembre de 2005 en Llerena.

En concreto, el fiscal considera en sus conclusiones finales que, durante la vista, "se han acumulado una serie de pruebas" que llevan "sin ninguna duda a enmarcar los hechos dentro del delito de estafa" que incluye elementos como el "engaño", producir "error en el sujeto pasivo que le lleve a realizar un acto de disposición patrimonial" y "ánimo de lucro", aunque entiende la existencia de un atenuante por "eximente incompleta" por el déficit intelectual que padece Tarazona que "disminuye su imputabilidad". También pide una multa de seis meses a razón de 2 euros diarios.

A su vez, la defensa de Tarazona ha reiterado su solicitud de una "sentencia absolutoria" al entender que se han "acreditado" durante el juicio las enfermedades que padece el imputado, trastorno límite de personalidad "reforzado con un componente de narcisismo" y coeficiente intelectual límite. Si no se admite, señala, insta a la aplicación de 15 meses de prisión, a cumplir mediante el internamiento en un centro médico clínico para el tratamiento de sus patologías mentales.

Por su parte, la acusación particular representada por el ayuntamiento llerenense mantiene su solicitud de ocho años de cárcel por un delito de estafa y una multa de 12 meses a 15 euros diarios y el pago de 32.852 euros en concepto de indemnización, por las entradas vendidas que el consistorio canjeó por otro evento posteriormente, y de 4.000 euros, la mitad de la subvención de 8.000 euros que Tarazona recibió.

Al mismo tiempo, el abogado de la ganadería 'Juan Albarrán' pide el abono de 18.035 euros, dinero que han perdido con la suspensión, y la responsabilidad civil subsidiaria del ayuntamiento "por falta de responsabilidad in eligendo" a la hora de optar por el acusado para organizar estos festejos cuando tenía 18 años, "experiencia cero" y "solvencia nula".

Las "gestiones" las realizó tarazona

Durante su intervención final, el fiscal también ha destacado que los hechos enjuiciados en esta vista coincidían con el escrito de clasificación, aunque ha valorado como "clave" que una vez que el Ayuntamiento de Llerena adjudica la organización de estos festejos a Tarazona, las gestiones las realiza él mismo y no el consistorio; y que la no celebración de la corrida del domingo 25, cuando se siguieron vendiendo entradas "con toda seguridad hasta las 13,00 horas", "no fue por el plante de los toreros" por el "impago" de los cantidades del día anterior.

Seguidamente ha intervenido la abogada del consistorio llerenense, quien ha compartido los hechos relatados por el fiscal, de los cuales ha precisado que el citado día 25 "aún" se vendían entradas a pesar de que la lidia "no se celebraría" porque los toros no habían sido embarcados y que el ayuntamiento "no" ha tenido "participación alguna" en la organización de los mismos.

En su opinión, la pena que solicita está "justificada" por el elevado número de afectados, más de un millar de personas, y "no" son de aplicación "eximentes" por su incapacidad, declarada cinco años después de estos hechos, porque Tarazona "sabe distinguir" que tiene una deuda y debe abonarla, según ha explicado una de las psicólogas que le trata, puntualiza.

Al mismo tiempo, el abogado de la ganadería 'Juan Albarrán' ha subrayado de "llamativo" que, durante el juicio, el alcalde o los concejales de Llerena "no" hayan "aclarado cómo es posible" que la corporación "consintiera" la contratación de una persona de 18 años, sin experiencia en el mundo taurino, cuya única profesión previa era peón de albañil en el Ayuntamiento de Almendralejo y con "solvencia nula".

Ante ello, ha pedido la responsabilidad civil subsidiaria del consistorio llerenense, sobre cuyo alcalde, Valentín Cortés, ha reprochado que "negase" en el juicio haber mantenido una reunión con su defendido, Juan Albarrán.

"no" hay "tipicidad" de delito por estafa

Finalmente, la defensa del imputado ha apuntado que "no" hay "tipicidad" para "incardinar" los hechos enjuiciados a un delito de estafa, al no darse, en su opinión, ánimo de engaño o de lucro, resaltando respecto a este último que, en la vista, varios empresarios han reconocido que Tarazona les abonó parte o la totalidad de las facturas por los servicios contratados por éste para los festejos taurinos de Llerena.

Ha sumado además que "no" quiere "culpabilizar" a los toreros por la no celebración de la corrida del día 25, pero ha rechazado que ésta se suspendiese "arbitrariamente" porque el imputado "no" tuviese el dinero de la recaudación para entregárselo al ayuntamiento de cara a que éste asumiese el festejo.

Ha apostillado también que "todo lo recaudado" con la venta de entradas ha "sufragado gastos" de organización y que las enfermedades que padece Agustín Tarazona son "incuestionables" e "irrefutables".

TESTIGOS

Cabe destacar que en la última sesión de esta vista ha comparecido en calidad de testigo el técnico de la Oficina de Información al Consumidor de Llerena en 2005, Juan Manuel García, quien ha afirmado que, tras la suspensión de las corridas, se recogieron 1.386 entradas por valor de 39.618 euros, de las cuales el consistorio canjeó 1.151 por 32.852 euros.

También ha declarado el médico forense de Almendralejo Antonio Bermejo, que ha examinado a Tarazona en "repetidas ocasiones", y que, tras explicar las enfermedades que padece, ha precisado que éstas no surgen de un día para otro, sino que se van desarrollando con su personalidad y que el acusado "es responsable" pero "no totalmente en base a su patología".

En la misma línea, las psicólogas del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Mérida que trata al imputado desde mayo de 2010, Laura Grajera y Ángela Isabel Arias, han coincidido en que el trastorno de personalidad y el déficit intelectual límite se manifiestan desde la infancia, cuando Tarazona ya tenía "explosiones de ira" cuando "no se salía con la suya" y en que cuenta con rasgos de "narcisismo".

Arias, además, ha estimado que "no" son patologías detectables en una primera conversación, pero que a la hora de abordar asuntos de complejidad, como la firma de un contrato, sí se puede observar que "no maneja" la situación.