La ADSP pide la paralización del procedimiento de Valdecilla y su finalización con inversión pública

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) de Cantabria ha defendido este miércoles la finalización de las obras de Valdecilla con inversión pública, y ha reclamado al Gobierno de Cantabria la paralización del procedimiento de licitación del contrato de colaboración público-privada para la construcción, equipamiento, prestación de servicios no clínicos y explotación comercial de zonas complementarias del hospital cántabro.
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La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) de Cantabria ha defendido este miércoles la finalización de las obras de Valdecilla con inversión pública, y ha reclamado al Gobierno de Cantabria la paralización del procedimiento de licitación del contrato de colaboración público-privada para la construcción, equipamiento, prestación de servicios no clínicos y explotación comercial de zonas complementarias del hospital cántabro.

Para la ASDP, el anuncio publicado el 11 de abril en el BOE, que el Gobierno ha justificado por la detección de incorrecciones tanto en el documento descriptivo del contrato como en el anuncio de licitación publicado en el BOC el 2 de abril, evidencia que la Consejería de Sanidad, "además de haber elegido el método más opaco posible para la privatización del HUMV, ha diseñado de forma demasiado descarada el perfil de la empresa a la que prevé adjudicar el contrato".

"Incorrecciones que consistirían en falta de garantías en la libertad de acceso a las licitaciones, de publicidad y transparencia en los procedimientos y en la no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos", añade la ASDP en un comunicado de prensa.

La ADSP señala que "con el canon anual fijado, se pagará a la empresa adjudicataria 6,63 veces el coste del proyecto, mientras que la inversión pública necesaria para realizarlo podría amortizarse en cuatro años".

"Tampoco conviene olvidar que no existen pruebas de que las fórmulas de financiación privada de los servicios sanitarios públicos actualmente en marcha, reporten ventajas sobre la financiación pública y sí han mostrado que resultan mucho más caras", añade.

En su opinión, "detrás de la defensa de estas fórmulas está la desconfianza profunda de nuestros gobernantes en lo público, la dejación de la responsabilidad de gobernar el sistema sanitario público y el interés en convertir el derecho a la atención sanitaria en un lucrativo negocio para el sector privado".

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