El presidente provincial del PP de Cádiz, Antonio Sanz, ha considerado que la nueva Ley de Costas podría suponer una "oportunidad" para dar el "impulso definitivo" al proyecto de Las Aletas.

En rueda de prensa, Sanz ha argumentado que el Gobierno central tendrá la ocasión de plantear una nueva reserva demanial en aplicación "objetiva" de la nueva norma, "garantizando la protección medioambiental y el desarrollo económico".

Asimismo, Sanz destaca que, con la nueva ley, el Gobierno del PP "cumple su promesa electoral de blindar la actividad de los chiringuitos, permitiendo el avance de la actividad económica y compatibilizándola con la protección del litoral".

Según ha explicado, la nueva Ley de Costas pone fin a la Ley de 1988 que, tras 24 años, se encontraba "alejada de la realidad" y ha demostrado una "absoluta ineficacia a la protección del litoral ante el desastre de la gestión urbanística del PSOE con la complicidad de la Junta de Andalucía". Asimismo, ha lamentado la "gran inseguridad jurídica, la arbitrariedad y gran conflictividad en la aplicación de la anterior norma y ,sobre todo, su falta de garantías".

Sanz ha considerado que la nueva ley supone un "gran avance" en la provincia que hace compatible la protección medioambiental y el desarrollo sostenible. En este sentido, abunda que "se clarifica el alcance del dominio público marítimo terrestre, se garantiza al ciudadano el acceso a la información actualizada sobre sus propiedades y otros derechos, se mejora la situación de los titulares de derechos en la costa y se clarifica la situación de las urbanizaciones marítimo-terrestres".

Ha recordado que uno de los objetivos de la norma era blindar la actividad de los chiringuitos, apuntando la existencia de más de 40.000 empleos vinculados al sector. Afirma que el Gobierno pretendía dar "más seguridad jurídica a los establecimientos de playas en cuanto a plazos y condiciones de la concesión y exigencias sobre el funcionamiento".

A su juicio, la Ley de Costas es el contrate del Decreto del Litoral aprobado por la Junta, que supone "un freno al desarrollo turístico de Andalucía, es un retroceso y supone un daño al turismo, a la actividad económica y al desarrollo".