La asamblea anual del Arco Latino —organización que reúne a gobiernos locales intermedios de España, Francia e Italia— ha acordado en Lleida una declaración política en defensa del poder local e instituciones intermedias, según ha anunciado este miércoles el presidente de la entidad, Andrè Violà.

La declaración, de cinco puntos, plantea tener en cuenta la fuerza de los poderes locales e intermedios para llevar a cabo las políticas de la Unión Europea (UE), subraya el papel de estos poderes en la lucha contra la crisis, propone aportaciones al programa europeo 2014-2020, plantea actuar como 'lobby' para defender el Corredor Mediterráneo e insiste en abrirse hacia el otro lado del Mediterráneo para colaborar en el desarrollo de países árabes, un punto ya presente en la Declaración de Carcassone.

El presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé, ha insistido en que en territorios rurales con densidades de población bajas son imprescindibles las instituciones intermedias.

"Las instituciones supramunicipales son imprescindibles para dar garantías de eficiencia en el servicio que han de tener los ciudadanos y la garantía de la viabilidad, de la presencia de ciudadanos en el territorio y de territorios ricos", ha sostenido.

Reñé ha remarcado que no hay que perder de vista que una competencia tiene que estar ejercida por una sola administración ni el principio de subsidariedad al dar los servicios desde la mayor proximidad.

El presidente de la Diputación de Lleida ha considerado que las reuniones del Arco Latino son importantes para poder dar las razones de las administraciones intermedias y valorar las revisiones que se están planteando en Catalunya, España y otros países vecinos.

Por su parte, Marco D'Acri, representante de Torino, ha afirmado que las instituciones que se ven obligadas a reducir el número representantes, lo que ha denominado "los costes de la máquina nacional" que han de demostrar su eficiencia, no pueden hacerlo como lo está haciendo Italia en el último año culpando a las administraciones locales.

"Estas personas no se dan cuenta de que atacando al servicio público sacan palabras que son armas en contra de la democracia. Tendríamos no una Europa de las comunidades sino una Europa de la culpa", ha concluido.