Una entidad bancaria paga a una pareja gran parte de un depósito que el banco no reconocía

Una pareja vecina de Ayamonte (Huelva) que tenía pendiente un juicio contra la entidad bancaria de Caja Rural del Sur a raíz de una demanda que alega que depositó a todos los efectos una cantidad que dicha entidad financiera no reconocía y a la que demandaba 230.000 euros ha cobrado gran parte de esta cantidad tras llegar a un acuerdo previo a la celebración del juicio. El caso fue descubierto tras la desaparición de uno de los empleados de la sucursal ayamontina en abril de 2011.

Una pareja vecina de Ayamonte (Huelva) que tenía pendiente un juicio contra la entidad bancaria de Caja Rural del Sur a raíz de una demanda que alega que depositó a todos los efectos una cantidad que dicha entidad financiera no reconocía y a la que demandaba 230.000 euros ha cobrado gran parte de esta cantidad tras llegar a un acuerdo previo a la celebración del juicio. El caso fue descubierto tras la desaparición de uno de los empleados de la sucursal ayamontina en abril de 2011.

Según ha informado a Europa Press el abogado Sergio Pino, que ejerce la acusación particular, la entidad "ha atendido la reclamación de los afectados en un loable ejercicio de buena fe y de buenas prácticas bancarias".

Así, el letrado como la pareja se han mostrado "satisfechos y agradecidos" por la actitud de la entidad bancaria que, una vez comprobados todos los documentos, ha accedido a la transacción amistosa del pleito.

Mientras tanto, continúan las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 3 contra el empleado que, de acreditarse los hechos que se le imputan, podría enfrentarse a varios años de cárcel y a la obligación de devolver de lo sustraído, tras apropiarse de importantes cantidades, pues, según indica el abogado, "llevaba seis años llevando a cabo operaciones sospechosas en las que simulaba realizarlas y se llevaba el dinero, aunque parecían auténticas porque llevaban impreso el sello de la entidad".

Cabe recordar que en un principio el juicio fue fechado para el 11 de octubre del pasado año, pero fue suspendido tras presentar la entidad una cuestión prejudicial penal y solicitar la suspensión del mismo hasta tanto no se resolviera el procedimiento penal contra el citado empleado, que fue denunciado por la propia caja.

Contra esta misma entidad han presentado más demandas otros ciudadanos afectados y algunos de ellos han ganado el pulso y ya han cobrado cantidades que rondan los 80.000 y los 700.000 euros.

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