Izquierda Unida, socio del PSOE en el Gobierno andaluz, quiere conocer el ahorro alcanzado por la administración autonómica con la revisión de los contratos de arrendamiento de inmuebles de consejerías, entidades instrumentales y consorcios prevista en el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta para el trienio 2012-2014.

Así lo solicita el vicepresidente primero del Parlamento y diputado de IULV-CA, Ignacio García, en una pregunta oral en comisión dirigida a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, y que ya ha sido admitida a trámite por la Mesa de la Cámara.

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, García recuerda que "la severa crisis económica manifestada desde 2008 ha tenido importantes efectos negativos en la financiación del conjunto de las comunidades autónomas, lo que ha determinado una concatenación de decisiones orientadas a cumplir los compromisos de estabilidad a medio y largo plazo, como el conjunto de medidas relacionadas con el cumplimiento del plan económico-financiero de reequilibrio aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 24 de julio".

En este sentido, el parlamentario de IULV-CA pide a Martínez Aguayo que detalle "qué medidas se han adoptado en relación al punto tercero del mencionado acuerdo, relativo a la reducción de gastos derivados de contratos de arrendamientos de inmuebles suscritos por las consejerías, entidades instrumentales y consorcios de la Administración de la Junta de Andalucía".

Aguayo se marcó como objetivo una rebaja del 25%

La propia consejera citó el pasado mes de julio entre las medidas de ahorro del plan económico-financiero de reequilibro "la revisión de todos los contratos de arrendamiento de inmuebles suscritos tanto por consejerías como por entidades instrumentales y consorcios de la Administración autonómica" y se marcó el objetivo de "rebajar en un 25 por ciento la cuantía total destinada a estas operaciones".

En otra iniciativa, García también se interesa por conocer el ahorro conseguido en gasto corriente en partidas relativas a material de oficina, vehículos o teléfono también prevista en el plan económico-financiero de reequilibrio aprobado en julio.

Martínez Aguayo aseguró en su día que el objetivo era lograr una disminución adicional del 10 por ciento del gasto operativo en bienes y servicios de la Administración pública, a través de medidas como la reducción del 50 por ciento de la flota de vehículos de altos cargos y la eliminación de la partida de protocolo para altos cargos y personal directivo de los entes instrumentales salvo presidente y consejeros.