Los sindicatos CCOO-A y UGT-A han pedido, ante la subida de los precios, que se negocien los convenios colectivos bloqueados para "darle garantía salarial a los trabajadores", indica CCOO, mientras que UGT exige "un giro de 180 grados" en la política económica y laboral del Gobierno.

En una nota, la secretaria de Comunicación de CCOO-A, Trinidad Villanueva, ha declarado que "en estos momentos, cualquier incremento de los precios es perjudicial para el 1.126.452 personas en situación de desempleo que hay en Andalucía, para las miles de familias que no tienen ingresos y que no pueden ni acceder a servicios esenciales y para el casi millón de trabajadores andaluces que tienen sus convenios colectivos bloqueados".

Asimismo ha instado al Gobierno a implantar de manera urgente, ante la situación de "emergencia social" una renta mínima garantizada "como derecho de ciudadanía para el conjunto de la población".

CCOO lamenta que "la capacidad adquisitiva de la ciudadanía es cada vez menor, sobre todo si tenemos en cuenta que el desempleo afecta ya a 1.126.452 personas y que, de las que hay trabajando, hay casi un millón (974.000) que tienen sus convenios colectivos bloqueados (1.247) con la consecuente desactualización de la subida de los salarios".

Para hacer frente a ello, CCOO ha vuelto a hacer un doble llamamiento, a Gobierno y patronal, esto es, "al primero para que deje de hacer afirmaciones sobre la recuperación económica de España en 2014 que días después desmiente Europa y se centre en el presente y en impulsar políticas de empleo que generen empleo y riqueza en el país".

A la patronal, por su parte, el sindicato le ha reclamado que desbloqueen ya la negociación colectiva y no esperen a que el 7 de julio entre en vigor la ultractividad y acabe con los derechos que ya tienen los trabajadores y trabajadoras adquiridos.

En ese sentido ha recordado que en Andalucía están pendientes de negociar un total de 1.046 convenios colectivos, algo que se traduce en "el aumento del número de trabajadores que están desprotegidos porque no hay ningún convenio que les dé cobertura y, al no tener pactadas sus condiciones de trabajo están a merced del empresario".

Por su parte, el secretario de Análisis Económico de UGT-A, Roberto Marín, tras conocer los datos del IPC de este mes, considera que "los problemas de credibilidad de la economía española continúan marcando las decisiones de los inversores internacionales".

Por ello, exige "una vez más, un giro de 180 grados en la política económica y laboral del Gobierno y la puesta en marcha, de manera inmediata, de medidas tendentes a favorecer el desarrollo, el crecimiento económico, el fortalecimiento de "lo público" y del Estado del Bienestar y, como no, la generación de puestos de trabajo", ha declarado.

Considera que "la dureza de la actual crisis queda de manifiesto en los nuevos datos publicados por el Ministerio de Economía, en los que anuncian una nueva caída de la economía española en el arranque del año", unos datos que "no hacen más que dejar en evidencia, una vez más, al presidente del Gobierno y a su anuncio de que empezaremos a crecer en 2014", ha afirmado.

"Durante las últimas semanas hemos asistido a la corrección, por parte de la UE (Eurostat) de las cifras de déficit público anunciadas por Montoro, incrementando el dato, lo que, sin duda, supone una nueva mentira de este Gobierno", ha agregado el sindicato, que ha recordado que ya denunció que las cifras oficiales "habían sido maquilladas y así lo ha confirmado Eurostat que, a su vez, niega que se haya producido ningún tipo de cambio metodológico en el cálculo del mismo, como ha intentado exponer como recurso el propio Mariano Rajoy ante la magnitud del nuevo ridículo cometido", manifiesta el responsable sindical.

Según Roberto Marín, "la gestión de la crisis por parte de Gobiernos e instituciones europeas continúa siendo un desastre".

"Los hechos ocurridos con los intentos de rescate a Chipre y el segundo a Portugal ponen de manifiesto como Comisión Europea antepone las cuentas macroeconómicas a los intereses de los ciudadanos europeos, hasta el punto de no importarle someterlos a un nivel de ahogamiento sin precedentes", ha aseverado.