La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) ha expresado su convencimiento de que la actuación del delegado provincial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta en Sevilla, Francisco Díaz Morillo, en el caso del alumno de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) del instituto 'Los Álamos' de Bormujos que logró graduarse en contra del criterio del claustro de profesores estuvo marcada por "una clara intención de vulnerar la legalidad", lo que ha llevado a este colectivo a elevar a la Fiscalía sevillana un escrito de denuncia contra él "y los cooperadores necesarios, si los hubiere", por un presunto delito de prevaricación.

Así lo ha confirmado la APIA en una nota remitida a Europa Press un día después de comunicar la interposición de la referida denuncia por el caso de este estudiante, que tras haber cerrado en septiembre de 2012 el curso con cinco asignaturas suspendidas, logró graduarse en contra del criterio del claustro de profesores al prosperar parcialmente ante la comisión provincial de reclamaciones la impugnación de sus suspensos.

En concreto, la asociación de profesores ha afirmado que desde la Delegación de Educación se cometieron "clamorosas infracciones" respecto a lo dispuesto en la Orden de 10 de agosto de 2007, que regula la evaluación de la ESO, "sólo compatibles con la existencia de una clara intención" por parte de su titular "de vulnerar la legalidad, dictando resoluciones injustas, aun a sabiendas de que lo eran".

Según la entidad denunciante, la primera resolución de la Delegación, emitida en diciembre de 2012, se produjo "unos tres meses aproximadamente después de que fuera elevada la reclamación", a pesar de que "la norma referida concede, al titular de la Delegación, un tiempo tasado de 15 días para resolver".

Después de esa resolución, añade la APIA, el delegado de Educación "ordenó que se reuniera nuevamente el equipo docente encargado de evaluar al alumno para decidir acerca de su titulación", el cual —"aunque no ha quedado suficientemente acreditado que fue el mismo que lo evaluó en septiembre, como prescribe la normal legal"— rechazó no proponer al alumno para la obtención del título de graduado en ESO, "al considerar que no se daban las condiciones exigidas por la Orden de 10 de agosto de 2007".

Los padres del alumno se mostraron en desacuerdo con esa decisión y acordaron reclamar para solicitar la graduación de su hijo, algo que el delegado de Educación, de forma "insólita", según la APIA, aprobó en una resolución fechada el pasado mes de febrero, "hurtando así las competencias que a este respecto tiene conferidas el equipo docente".

Responsabilidades penales

Según los denunciantes, "sólo en el supuesto de que el equipo docente hubiera ratificado la decisión tomada y los padres reclamaran de nuevo, hubiese sido el titular de la Delegación el competente para resolver".

De este comportamiento, la APIA deduce que no se trata de "una mera infracción administrativa", sino de "una actuación deliberada y reiterada en el tiempo que trasciende del ámbito contencioso-administrativo para entrar de lleno en el terreno penal".