Los grupos parlamentarios de PSOE e IU-V-SIEX han sacado adelante este jueves en el pleno del Parlamento de Extremadura una Propuesta de Impulso de los socialistas que insta al Gobierno del presidente extremeño, José Antonio Monago, a "devolver íntegramente" a los pensionistas el importe "excedido" del dinero correspondiente al 'copago' farmacéutico que han aportado.

La propuesta, que ha sido aprobada con 31 votos a favor de PSOE e IU, y 32 abstenciones del PP, también pide que se abone a los pensionistas los "intereses por demora", así como a poner en marcha los mecanismos para que éstos no tengan que adelantar "ninguna cantidad" por encima de los límites máximos de aportación mensual.

En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la diputada Emilia Guijarro ha defendido la necesidad de que Monago devuelva el "dinero íntegro" a los pensionistas en los seis meses de entrada del decreto de Medidas urgentes para garantizar la sistema nacional de salud.

En su intervención, Guijarro ha criticado que los pensionistas que antes no pagaban por sus medicamentos, ahora se han convertido en "los banqueros de la administración, porque caen en las redes de un sistema que, en el caso de la Junta de Extremadura es absolutamente caótico".

Se trata, ha dicho, de un decreto que especifica que el importe que adelantan los pensionistas "se devolverá en seis meses", y de acuerdo al mismo "en enero se debería de haber pagado la totalidad".

"Lo que no dice este decreto es que se devolvería a cuentagotas, poquito a poquito", y tampoco dice que "para quienes no superen los siete euros de devolución al trimestre se saltaría el plazo establecido", ha lamentado Guijarro, que ha advertido de que los pensionistas "tienen que hacer un cursillo para rellenar papeles parar recuperar su dinero, expertos en burocracia para recuperar un dinero que es suyo".

La diputada socialista ha criticado también que, "para que un presidente extremeño haya podido sacar pecho con el cumplimiento del déficit, hayan salido de los bolsillo de los pensionistas extremeños 4,5 millones de euros", sobre lo que ha dicho que Monago, cada vez que trata este asunto, "falta a la verdad".

Por todo ello, ha defendido la necesidad de que el Ejecutivo regional abone las cantidades porque, según ha dicho, algunos d ellos "no llegan a fin de mes", mientras que otros crónicos han optado por "dejar de pagar sus medicamentos, porque no pueden pagar".

Apoyo de iu

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario de IU-V-SIEX Víctor Casco ha mostrado el apoyo de la coalición a la propuesta de los socialistas y ha hecho hincapié en la necesidad de que el Gobierno regional devuelva el importe, así como que éstos "no tengan que adelantar un solo euro por encima la aportación mensual".

A su juicio, "no hay ninguna justificación para el retraso y para la actuación que está llevando a cabo la Junta de Extremadura".

Según Casco, en la crisis económica "no ha habido ni un sector que se haya librado de pagar las consecuencias", aunque la situación de los pensionistas es "alarmante".

"Nos consta y nos llega la preocupación de bastantes pensionistas que se encuentran en una situación alarmante, que le reclaman al Gobierno de Extremadura que les compense", según Casco, que ha advertido que en algunos casos éstos ven "cómo su escasa asignación mensual decrece mes a mes".

"el gobierno extremeño es cumplidor"

Por parte del Grupo Popular, la diputada Teresa Tortonda ha asegurado que el Gobierno extremeño "está cumpliendo" y "está pagando", y ha aseverado que se pondrán en marcha "las herramientas" cuando "verdaderamente se llegue a un acuerdo en la Comisión Interterritorial de Sanidad, y cuando la comunidad andaluza esté de acuerdo en esos varemos".

Así, ha destacado que el Gobierno extremeño "está pagando a los pensionistas", porque se trata de una cuestión "viene recogida en ese decreto, por ley", y porque el Ejecutivo autonómico es "cumplidor".

Por otro lado, Tortonda ha destacado que el Real Decreto aporta un sistema "mucho más igualitario, sobre lo que ha explicado que antes se pagaba en función de la edad, mientras que ahora se paga en función de la renta", sobre lo que ha dicho que antes se incumplía un "mandato constitucional".

A este respecto, ha expresado que ambos grupos han declinado hablar de los "aspectos positivos" de este decreto, y ha dicho que gracias al mismo "26.000 parados de larga duración que no reciben prestaciones, y que o van a pagar por sus medicamentos", a los que se suman los perceptores de pensiones no contributivas y las rentas mínimas de inserción.